El informe de Think & Move elaborado para Asintra propone elaborar políticas de movilidad coordinadas a nivel europeo basadas en las preferencias reales de los usuarios. El informe también refleja la percepción que cada país tiene sobre las dificultades de desplazamiento o los efectos negativos de una mala planificación.
Asintra ha publicado en su último semanal la segunda parte de un informe elaborado por el Director de la red de expertos en transporte, movilidad e infraestructuras Think & Move, Joaquín Juan-Dalac Fernández. En el informe, titulado ´La mejora de la movilidad urbana en plena crisis: un desafío extremo` se evalúan los datos actuales que maneja Think & Move de la percepción ciudadana sobre los grandes problemas de la movilidad, sus posibles soluciones y sus daños colaterales.
El informe deja claro que las diferencias en las preocupaciones de los ciudadanos o la percepción de la calidad de las redes de transporte de sus países depende en buena medida de dos "circunstancias estructurales" o "rígidas" como las llamas el informe, y que varían en cada país. A saber, la densidad y distribución de los usos del suelo y, por otro lado, la escasez de espacio público que impide asignar a cada modo de desplazamiento un espacio adecuado.
Cada país es un caso y esto se refleja en los datos que arroja el informe publicado por Asintra. Entorno al 45% de los ciudadanos españoles declara que encuentra dificultades frecuentes para acceder a los destinos habituales, en tanto que la media de la Europa de los 28 se sitúa en el 35%.
En los países de la franja central y sur del continente, esta preocupación afecta a el 50% o más de la población, como es el caso de Italia o Grecia, los dos países donde más acusada es. Los países nórdicos expresan una preocupación menor por las dificultades de movilidad y en Suiza llega a ser inexistente.
Efectos de una mala movilidad en las ciudades
El informe agrupa los efectos negativos de los problemas de movilidad en dos vertientes: por un lado el aumento de los costes de transporte y la mayor congestión y, por otro, todas las externalidades que genera el problema, como la mayor contaminación o los índices de accidentalidad.
El documento asegura que España es más consciente de estos problemas que el conjunto de los 27; de los cuales el que más preocupa es el aumento de los costes derivados del transporte (billetes, combustible o el aparcamiento).
En cuanto a las políticas entorno al transporte público, las más respaldadas son la bajada de los precios, acompañada de una mejora del servicio. Medidas alternativas, como las centradas en el desplazamiento a pie o en bicicleta según el informe reciben un apoyo cifrado entre 20 y 30%. Las medidas más restrictivas son las que menor apoyo reciben (restricciones de acceso, aparcamiento o peajes urbanos más caros).
Por todo ello, el informe plantea la necesidad de actuar rápido, con una estrategia que tenga en cuenta las diferencias culturales y las prioridades de los usuarios de un sector azotado por la crisis económica, crisis que tiene "efectos cruzados" sobre el transporte público -menor movilidad urbana y, a su vez, sustitución de desplazamientos en automóvil por transporte público-, donde el número de empleados lleva desplomándose desde 2007.