Las profesoras Sara Cabezudo y Miriam Peñalba, responsables del estudio, presentaron las repercusiones directas e indirectas que tendría un aumento de la capacidad de carga de los vehículos a 44 toneladas. En el acto, además de representantes de transportistas y cargadores, estuvieron presentes la eurodiputada del Parlamento Europeo, Izaskun Bilbao; el director de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, Xabier Ostolaza; y el presidente del Patronato de la Fundación Guitrans (una de las entidades promotoras del estudio), Ignacio Cepeda.
Una de las conclusiones del estudio, según se resaltó, es que no se puede abordar una modificación así sin otras medidas previas, si se quiere preservar un Sector esencial de la economía como es el del transporte. Además, el consenso del Sector tiene que ser obligatorio por el bien del propio Sector y para beneficio de todas las partes.
Las empresas más grandes podrían adaptarse a la nueva situación pero las pequeñas tendrían que soportar un aumento de costes
El cambio de la MMA a 44 toneladas supondría aproximadamente un 15% más de capacidad de carga. Para ello, el estudio plantea dos escenarios. En el primero, el óptimo, las empresas de transporte aumentarían su negocio consiguiendo operaciones a carga completa; mientras que en el segundo, se mantendría un mercado como el actual, por lo que algunas operaciones dejarían de ser necesarias, en concreto, harían falta un 13,8% menos de flota y de viajes. En general, las empresas más grandes podrían adaptarse a la nueva situación disminuyendo su flota pero las pequeñas tendrían que mantenerla con el consiguiente aumento de costes por tonelada transportada.
Además, según se dejó claro en la presentación, el cambio en la MMA podría provocar un reparto desequilibrado de beneficios entre cargadores y transportistas. Por ello, una medida de este tipo debería abordarse en un momento con expectativas de crecimiento económico estable. Esta circunstancia se tuvo en cuenta en la implantación de las 44 toneladas en Francia que se retrasó hasta el año 2013, cuando el estudio acerca de sus repercusiones databa de 2009.