La morosidad es para el 62% de los transportistas valencianos la principal lacra
La delincuencia sigue siendo una de las mayores amenazas para la competitividad de las empresas navieras. La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) advierte que el 40% de los profesionales del sector fijan un plazo medio de pago de 60 a 90 días, mientras que un 10% empeora cuando el pago se sitúa entre 90 y 120 días. Estas son algunas de las conclusiones de la última investigación de la FVET, a un año de la entrada en vigor del régimen sancionador por demora en el tránsito, que tuvo un efecto “mitigador”.
“La situación es más crítica que hace un año y es previsible que empeore. El precio del combustible sigue disparado, a lo que se suma la inflación y un escenario económico de incertidumbre que no sabemos cómo nos va a afectar. No podemos seguir asumiendo que nos paguen mal y tarde, en especial aquellos transportistas que no tienen músculo financiero para afrontar los retrasos de los pagos”, explica Carlos Prades, presidente de FVET.
Un 40% denuncia que el plazo medio de pago se sitúa entre 60 y 90 días y un 10% lo fija entre 90 y 120 días
En octubre de 2021 se modificó la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres para fortalecer los procedimientos sancionadores para erradicar esta práctica. Además, debido a los cambios regulatorios, el gobierno puede controlar el tiempo de pago de los servicios de transporte ante los ojos de los transportistas, operadores y cargadores sin quejas y reclamos previos. Desde la entrada en vigor de este nuevo marco normativo, 2 de cada 3 transportistas valencianos reconocen no haber notado mejoría respecto a los plazos de pago. “No se trata de la legalidad solamente, se trata de la implicación de todas las partes para que se nos pague a 30 días desde la prestación del servicio, como máximo a 60 días”, añade Juan Ortega, vicepresidente de FVET.
Las compañías piden una mayor participación de los ejecutivos publicitando a las empresas que se comportan de esa manera y acelerando el proceso de sanciones. En cuanto a la industria, es preferible evitar las actividades de las empresas involucradas en esta práctica y promover la especialización. “Además, en FVET tenemos un poder judicial que puede asesorar a los compañeros en esta situación”, explicó el vicepresidente.