Concretamente, estos centros ilegales representan ya al 20% del total, por lo que estamos hablando de alrededor de 10.000 negocios de posventa que actúan al margen de las reglas del mercado, sin atender a los criterios técnicos de calidad de Industria y Consumo y sin cumplir las obligaciones con el Fisco, la Seguridad Social ni la normativa medioambiental.
De esa forma, al tratarse de negocios que no están dados de alta en Hacienda ni en el Registro Especial de Talleres de Industria escapan al control fiscal propiciando que se dejen de ingresar 230 millones de euros anuales derivados no sólo del fraude en el IVA (que no le cobran al cliente final), sino también de la evasión de los impuestos derivados de su propia actividad, como son los tributos de Sociedades e IRPF.
