El 40,2% de la población ha incrementado su uso del transporte público gracias a las ayudas
Desde Confebus se valora positivamente esta iniciativa, al considerarla una herramienta clave para reforzar la política de transporte público en España y fomentar su uso entre la ciudadanía. Los beneficios de apostar por el transporte público colectivo son ampliamente reconocidos: reducción de emisiones contaminantes, descongestión del tráfico urbano, mejora de la calidad del aire y un notable impacto social y económico.
El respaldo social a las bonificaciones en el transporte público también ha quedado reflejado en estudios recientes. Según el informe “Percepción social sobre la implantación de un abono único de transporte (2024)” elaborado por Greenpeace, un 40,2% de la población ha incrementado su uso del transporte público gracias a estas ayudas. A juicio de Confebus, esta política ha sido efectiva, aunque de carácter coyuntural, y debería consolidarse con una visión estructural y de largo plazo, no solo para afianzar sus efectos positivos, sino también para aportar estabilidad al sistema.
El mismo informe de Greenpeace estima que las bonificaciones han logrado reducir entre 160 y 320 toneladas diarias de CO₂, lo que representa un ahorro económico diario de hasta 27.600 euros en función de los precios del mercado de carbono. Estas cifras refuerzan el potencial del transporte público como herramienta de lucha contra la crisis climática y energética, presentando un gran potencial para aumentar la utilización entre quienes no son usuarios habituales.
En esta línea, el propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2020-2030 ya proyecta un fuerte incremento del uso del autobús como modo de transporte clave en la transición ecológica. La última revisión del PNIEC (2023-2030) contempla un crecimiento de la demanda del 2,75% para 2025 y del 37,41% para 2030. Esto supone pasar de una cuota modal del 11% al 15% en cinco años. Para absorber ese aumento será necesario no solo mantener la política de ayudas y bonificaciones, sino también dotar al sistema de financiación adicional estable.
El Real Decreto-ley 1/2025 establece ayudas directas al transporte público en España con el objetivo de fomentar la ampliación y mejora de la oferta de servicios de transporte colectivo terrestre. Estas medidas están alineadas con los objetivos del PNIEC y el Fondo Social por el Clima de la UE, promoviendo la movilidad sostenible y la reducción de emisiones. Con ello se contribuye a la descarbonización del transporte, a la mejora de la accesibilidad y calidad del servicio, y se apoya la transición energética justa.
Nuevas medidas
El Fondo Social por el Clima de la UE obliga a España a determinar el uso que dará a los ingresos del nuevo sistema de comercio de emisiones por la inclusión del transporte por carretera. Para ello, debe presentar a la Comisión Europea, antes del 30 de junio de 2025, un Plan Social con medidas para fomentar el cambio modal al transporte público, la digitalización de servicios, el incremento de oferta en zonas rurales y de baja densidad poblacional, la mejora de la multimodalidad, el apoyo financiero a usuarios de renta baja y media, e incluir reformas estructurales. En este sentido, el Grupo de Expertos en Movilidad Urbana de la Comisión Europea ha emitido recomendaciones para que el Fondo Social por el Clima se utilice para financiar el transporte público.
La futura Orden ministerial representa, por tanto, una oportunidad estratégica para armonizar y ampliar la oferta de transporte público urbano e interurbano en todo el territorio. Las ayudas previstas deben desempeñar un papel esencial en la modernización del sector, contribuyendo a una movilidad más sostenible, inclusiva y alineada con los compromisos climáticos de España.
No obstante, desde Confebus se advierte que para garantizar el éxito de estas medidas será imprescindible establecer condiciones claras. Entre ellas, destacan la necesidad de implantar sistemas tarifarios coherentes, asegurar la financiación adicional por parte de las administraciones titulares de los servicios y reforzar el compromiso institucional con la sostenibilidad. Además, subrayan la importancia de que las compensaciones a los operadores por las bonificaciones tarifarias se abonen en un plazo máximo de dos meses, con el fin de evitar situaciones de morosidad como las que han venido ocurriendo en anteriores convocatorias y que generan incertidumbre financiera en el sector.
