"Nos oponemos al contenido del protocolo firmado antes del verano, porque no compartimos sus condiciones", señala la directora de Anetra, Maribel García Rivas, al respecto de un artículo aparecido hace algunos días en la prensa nacional. "Queremos dejar claro que no hemos forzado este artículo, y que no han hablado con nosotros. Se han basado en un informe elaborado para nosotros por el bufete Garrigues, que en su momento remitimos a varios organismos", desea matizar.
Dicho informe refleja una serie de conclusiones que cimentan la decisión de Anetra de no tomar parte, puesto que no firmó dicho texto, en el protocolo o acuerdo marco que fijaba los mínimos a desarrollar por los pliegos de condiciones de los respectivos concursos. Una de las principales, según García Rivas, es que "las compañías de discrecional no pueden acceder a los concursos, porque no tienen la experiencia mínima exigida, algo en lo que no podemos estar de acuerdo".
Por otro lado, la directora de Anetra quiere matizar algunos puntos del artículo referido, en el que se señalaba que las concesiones se iban a adjudicar "a dedo". "No expresamos esta opinión, pero sí es cierto que no todos los empresarios tienen las mismas condiciones de acceso, por lo que no son concursos libres", afirma Maribel García.
Conclusiones de Garrigues
Entre las conclusiones que aporta el dictamen emitido por el bufete para Anetra, se encuentran que "la entidad contratante goza de una amplia discrecionalidad para establecer los criterios de baremación de las ofertas que podrán versar sobre aquellos aspectos expresamente señalados en el artículo 73 del ROTT y cualesquiera otros relacionados con los elementos del servicio que se estimen determinantes".
También destaca "la importancia que el Protocolo otorga a los criterios de baremación relacionados con las características técnicas de los vehículos, eximiendo a los vehículos adscritos a las anteriores concesiones de su cumplimiento durante los tres primeros años de la nueva concesión vulnera el principio de igualdad de los licitadores pues hace de mejor condición a los anteriores concesionarios", lo que es "contrario a la finalidad de establecer un servicio público de transporte de regular de la misma calidad para todas las concesiones", añadiendo que "la eliminación de la competencia en las tarifas podría resultar contraria al derecho comunitario y a los objetivos que justifican la intervención pública sobre los servicios de transportes de viajeros".
