Mediante esta nueva norma se pone fin a la decimonónica regulación del Código de Comercio y a la inseguridad jurídica en esta materia, e implanta en nuestro país el modelo de contrato de transporte terrestre que recogen las Reglas Uniformes CIM/1999 y el Convenio internacional de transporte de mercancías por carretera (CMR), según Fomento. La Ley refuerza la protección de los consumidores y regula aspectos tan relevantes como las responsabilidades de las partes, las limitaciones a las mismas, el contrato de mudanza o la prescripción de acciones. Debe destacarse asimismo que, dado que los convenios internacionales no contemplan una regulación completa del contrato de transporte, la Ley contiene una regulación actualizada y propia de distintas cuestiones del transporte terrestre de mercancías que enlaza con la tradición española en la materia. Y, por último, dando cumplimiento a los acuerdos de junio de 2008 entre la Administración del Estado y el Comité Nacional del Transporte por Carretera, recoge la cláusula de actualización del precio del contrato en función del incremento del precio del gasóleo, normas sobre morosidad y revisa la indemnización por paralización.
