Las autoridades españolas tienen dos meses para responder a la CE y si pasado ese plazo Bruselas no está satisfecha, podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión considera que en España se incumplen las reglas comunitarias en lo que se refiere a las autorizaciones de transportistas, diarios de viaje, condiciones de los animales para los traslados, penalizaciones e inspecciones, lo que tiene como consecuencia "el sufrimiento indebido del ganado trasladado", según las fuentes.
Asimismo, el Ejecutivo comunitario estima que España tampoco cumple adecuadamente la obligación de verificar la eficacia de los controles oficiales en lo que se refiere a los trayectos.
Las apreciación de Bruselas se basan en los resultados de una inspección reciente de la Oficina Veterinaria y Alimentaria comunitaria (FVO, siglas en inglés) en España.
