Según explican desde la CNC, dicho recurso se formula de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia, con arreglo al cual la Comisión está legitimada para impugnar actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley "de los que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados". Es la primera vez que la CNC hace uso de este instrumento jurídico.
En esta línea, en abril de 2010 se hizo público un informe en el que se ponía de manifiesto la intención de muchas Comunidades Autónomas de proceder a la prórroga de las concesiones de autobús, "tratando de eliminar cualquier atisbo de liberalización— a juicio de la CNC—, aunque viniera impuesta por el cumplimiento de las normas comunitarias". En el caso de la Comunidad Valenciana, el Consejo de la CNC había hecho llegar ya un primer requerimiento para que modificara su normativa "por entender que era contraria a la competencia y a esas normas comunitarias".
Reacciones
El argumento citado anteriormente no es comprendido por la Consellería de obras Públicas y Transportes de la Comunidad. Menos aún si se considera que todas las Comunidades Autónomas menos cuatro optaron por fórmulas semejantes de renovación de las concesiones, pese a lo cual "la CNC —si bien ha rechazado en su documento esta fórmula para todas las Comunidades— sólo ha presentado requerimientos a Galicia y la Comunidad Valenciana pidiendo que se modifique la normativa; y en cuanto al recurso contencioso-administrativo, sólo se ha presentado contra la Comunidad Valenciana", según declaraciones de fuentes de la Consellería para NEXOBÚS.com.
Las mismas fuentes han explicado a este diario que el objetivo de optar por la fórmula de actualización de las concesiones existentes es "ofrecer una mejora en el servicio sin que esto implique un aumento de tarifas para los usuarios o del gasto para las administraciones públicas". Ello porque muchas de las licencias actualmente vigentes, al datar de los años 50 ó 60, han sufrido deterioro en las condiciones de servicio, y el sistema aplicado permitía pactar mejoras sustanciales a cambio de mantener las prórrogas por 10 años más. La otra alternativa implicaba dejar que las concesiones caducaran, muchas de ellas en 2 ó 3 años, manteniéndose entre tanto el servicio en condiciones "insuficientes".
"Desde la Consellería sólo podemos decir que estamos perplejos, como mínimo", continúan las mismas fuentes. "No se entiende". "Lo que hemos pretendido aquí es una defensa del interés público y una mejora del servicio sin que ello implique un aumento de tarifas o de gasto público", repiten, explicando que "para ello, en su momento, se hizo una norma con rango de ley y un decreto de medidas que lo desarrollaban. Es decir, existe un marco legal más que suficiente. Ahora corresponde a la CNC demostrar que esto no es legal".
