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Ya están siendo sancionados los infractores de la limitación de velocidad fijada para ciertas zonas de Barcelona

Durante diciembre se repartieron advertencias a cerca de 15.000 conductores que sobrepasaron los límites

jueves 03 de enero de 2008, 01:00h

Desde el 1 de enero, los conductores que superen el límite de 80 kilómetros por hora en la primera corona de Barcelona, están siendo sancionados. La medida, que fue impulsada por Medio Ambiente con el objetivo de reducir la contaminación y ayudar a bajar la siniestralidad en las carreteras, ha tenido un mes de prueba.

Durante el mes de diciembre (con datos recabados hasta el día 20) el Servei Català del Trànsit repartió advertencias a cerca de 15.000 conductores por superar el límite, si bien durante ese mes la velocidad bajó un 15% de media y se situó en torno a los 85 kilómetros por hora. Dicho período que fue valorado de positivo por las autoridades -el director del SCT, Josep Pérez-Moya, habló de un "cumplimiento generalizado" de la normativa-.

Como estaba previsto, de esos 15.000 sólo serán sancionados unos 2.100, es decir, aquellos que rebasaron la velocidad fijada hasta entonces en la vía en la que circulaban (de los 90 a los 120 kilómetros por hora).

La nueva medida afecta en concreto a unos 80 kilómetros de carretera repartidos en diversos tramos de las vías rápidas que discurren por la primera corona de Barcelona, donde actualmente circulan a diario un millón de vehículos.

Los beneficios de desacelerar

Según Tráfico, la reducción de la emisión de partículas en suspensión que conllevará la disminución de la velocidad evitará la muerte de unas 1.200 personas al año por afecciones cardiorrespiratorias. Además, se espera que la reducción de la velocidad venga aparejada de un descenso de la siniestralidad en las carreteras, ya que en los países donde ya se han aplicado este tipo de medidas la mortalidad ha descendido hasta un 50%.

Pese a estas perspectivas positivas, la medida no ha estado exenta de polémica, y ha sido criticada por los partidos de la oposición, como CiU y PP, y algunas entidades, como el RACC, por considerar que los cálculos efectuados por la Generalitat para justificarla son erróneos.