Aniacam estima, en primer lugar, que se ha de lamentar la adopción apresurada a través de enmiendas presentadas en la última etapa del procedimiento legislativo en una materia tan compleja. Esta forma de legislar impide valorar los intereses en juego, escuchando a los operadores directamente afectados. Ello resulta especialmente incomprensible cuando se viene trabajando hace años en un anteproyecto de ley de contratos de distribución, cuyos borradores no incluyen ninguna de las medidas que ahora se fijan.
Con el pretexto de proteger al distribuidor de automóviles, las nuevas normas introducen disposiciones imperativas, sustituyendo a los acuerdos que pudieran alcanzar las partes. Ello fija un marco rígido de actuación dirigido a desplazar a los fabricantes costes de decisiones de negocio que corresponden a empresas independientes, lo que hace difícilmente viable la relación que se propone. Ello hace temer que las nuevas normas consigan un efecto contrario al pretendido, dañando a los concesionarios y, habida cuenta de los mayores costes de la distribución, a los consumidores finales, cuyos intereses parecen no haberse tomado en cuenta, ya que sufrirán más que probablemente una inflación en el precio de venta de los vehículos.
Aniacam prevé que lo anterior lleve a las marcas a abandonar la suscripción de nuevos contratos de distribución, buscando alternativas para la atención de las zonas en que ello sea necesario tales como la implantación de filiales o sucursales. Ello conllevaría un freno en la constitución de nuevas sociedades en el sector de concesión automovilística, e incluso en la expansión de las concesiones actualmente operativas.
Al Constitucional
Aniacam se ha dirigido a los ministros de Industria, Justicia y Trabajo y al grupo parlamentario socialista a fin de estudiar las posibilidades de impugnación de las disposiciones introducidas por la enmienda a la Ley de Economía Sostenible ante el Tribunal Constitucional. Adicionalmente, Aniacam ha iniciado el estudio de otras vías de reclamación ante las autoridades comunitarias.
Habida cuenta del grave daño causado a la red de concesionarios por estas medidas y su apoyo por Faconauto, diversas marcas han comunicado a Aniacam que asociaciones de sus concesionarios están valorando la conveniencia de instar la desvinculación de estas asociaciones de Faconauto.
Por todo lo anterior, Aniacam desea hacer un llamamiento a favor de la seguridad jurídica, dañada por iniciativas precipitadas como la que ha resultado de las enmiendas presentadas ante el Senado de la Ley de Economía Sostenible en materia de contratos de distribución de automóviles, con grave daño tanto al sector de distribución como a lo intereses de los consumidores finales.
