Sebastián, quien adoptó este compromiso ante los consejeros de las comunidades autónomas que tienen plantas automovilísticas —Galicia, Aragón, Navarra, Castilla y León, País Vasco, Valencia, Madrid y Cataluña— , se comprometió asimismo a llevar al Consejo de Ministros antes de tres meses el anteproyecto de la Ley de Contratos de Distribución, "que deberá recoger y satisfacer de forma equilibrada y dialogada las preocupaciones de fabricantes y distribuidores".
Según el documento de conclusiones suscrito en la reunión, el Ministerio y las comunidades autónomas han acordado dirigirse a las fuerzas parlamentarias para que valoren los efectos de la nueva norma de distribución, contenida en una enmienda a la Ley de Economía Sostenible, y para que busquen soluciones para equilibrar los intereses de los operadores del sector, a la mayor brevedad posible.
Los asistentes a la reunión han valorado la preocupación trasladada por los fabricantes de automóviles ante el cambio regulatorio y las nuevas condiciones que establece, si bien también coinciden en el momento complicado que sufre el sector de la distribución y en que "algunas de sus demandas deben de ser tenidas en cuenta, en especial en la actual coyuntura".
Diálogo y negociación
"Sin embargo, también coincidimos en señalar que la mejor forma de resolver los conflictos es el diálogo y la negociación", prosigue el documento. El Gobierno central y los autonómicos resaltan además la importancia de preservar la confianza que los inversores del sector de fabricantes de automoción han venido mostrando hacia la economía española.
"Esta confianza se hace evidente en la permanencia de los once fabricantes extranjeros en territorio español tras estos años de difícil ajuste, así como en los anuncios de importantes planes de inversión por buena parte de los mismos", añaden los firmantes.
