En la sede del Ministerio de Industria se dieron cita el consejero delegado de Peugeot España y presidente de la Comisión de Asuntos Comerciales de Anfac, Rafael Prieto; el presidente de Faconauto, Antonio Romero-Haupold; el presidente de Ganvam, Juan Antonio Sánchez Torres; y el presidente de Aniacam, Germán López Madrid.
Todos ellos acordaron instar al Gobierno a que revoque la nueva norma sobre distribución, solicitando de manera unánime que el Ejecutivo negocie con los grupos parlamentarios la introducción de una enmienda, aprovechando la aprobación de la ley de Contratos de Distribución que está en trámite, al objeto de revocar los cambios normativos introducidos en la relación entre fabricantes y concesionarios que ha desatado este conflicto, de máxima intensidad pero que, al menos de momento, parece que se ha solucionado de manera consensuada.
Por su parte, el Ministerio de Industria mantiene su compromiso de presentar antes de tres meses el anteproyecto de Ley de Contratos de Distribución, que pasará a ser el nuevo marco jurídico que arbitre las relaciones entre concesionarios y marcas. Además, y hasta que la Ley vea la luz, el Ministerio presentará un código de conducta para dirimir posibles divergencias.
Competencia sospecha
La recién aprobada Ley de Economía Sostenible introduce modificaciones sustanciales en la Ley sobre Contrato de Agencia, en lo relativo a la regulación aplicable a los contratos de distribución de vehículos automóviles e industriales. Por eso, la CNC (Comisión Nacional de la Competencia) considera que tal modificación "restringe de una manera injustificada en su necesidad, y desproporcionada en sus efectos, la libertad de empresa, la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y la competencia en el mercado de distribución de automóviles, en perjuicio, en última instancia, de los consumidores".
