La norma, que ya ha sido ratificada por la Eurocámara, suaviza los topes que había propuesto inicialmente Bruselas. La Comisión pedía que el límite de 175 gramos se aplicara ya un año antes, en 2016, y que el objetivo de 2020 fuera más ambicioso, de 135 gramos. Ello hubiera supuesto un coste adicional de hasta 3.500 euros por vehículo, según los propios cálculos del Ejecutivo comunitario que recoge Europa Press. También se han fijado las sanciones para los fabricantes que superen dichos límites, que serán de 95 euros por gramo y kilómetro, la misma que se aplica a los vehículos particulares.
