Esta política, iniciada por el anterior Ejecutivo socialista y ampliada por el actual Gobierno, de signo conservador, ha suscitado una fuerte controversia en las zonas afectadas, especialmente en las fronteras con España, en las comunidades de Galicia y Andalucía.
Usuarios lusos y españoles, transportistas y empresarios del sector turístico se oponen frontalmente a la introducción de peajes en las llamadas Scut —acrónimo portugués de "sin coste para el usuario"—, que han convocado ya varias protestas en diferentes puntos del país para mostrar el rechazo a la medida.
Según los últimos datos divulgados por el Instituto de Infraestructuras Viarias (Inir) luso, el mayor impacto de la conversión en autopistas de pago se ha registrado en la de Costa Prata, que ha pasado de una media diaria de 38.463 vehículos en los seis primeros meses de 2010 a 20.693 entre enero y junio de 2011. La caída ha sido similar en la vía Grande Porto (cercana a Oporto), por la que durante el primer semestre pasaron 22.049 vehículos al día de media, un 43% menos que un año antes. Por su parte, la autopista Norte Literal (A28), que conecta con Galicia, perdió casi 9.000 vehículos diariamente hasta situarse en una media de 24.602, un 26% menos que entre enero y junio de 2010. Este descenso, según cálculos de los medios portugueses, supondrá una disminución notable de los ingresos previstos por la compañía estatal Carreteras de Portugal. Los planes del Ejecutivo pasan ahora por la introducción de peajes en la autovía A-22 (que atraviesa el Algarve y conecta con Andalucía), la A-23 (Alentejo), la A-24 (fronteriza con Galicia) y la A-25 (que limita con la provincia de Salamanca).
