Pertierra recordó que hace un año, en un acto similar, la Federación solicitó un incremento de tarifas con carácter extraordinario del 5,5% que no se consiguió. Además, puntualizó que el 7,7% que han pedido las principales federaciones contempla los aumentos de costes producidos hasta el mes de octubre y que si ese mismo estudio se realizase para diciembre el incremento de las tarifas debería ascender hasta el 10,03%, según cálculos de los técnicos de la Federación.
Además, el responsable de Fenebús reclamó igualdad de trato desde todos los puntos de vista, pero sobre todo del inversor, para los distintos modos de transporte. También solicitó apoyo económico e incentivos para la utilización de combustibles alternativos, ayuda para realizar una campaña de imagen similar a la que el Ministerio de Fomento realiza con el ferrocarril para el transporte de viajeros por carretera y apoyo para que se redacte una ley de huelga que garantice la prestación de los servicios mínimos dictados por las administraciones de transporte.
En referencia al transporte urbano, Pertierra reiteró la necesidad de una ley de financiación y recordó que la asociación TU, integrada en Fenebús, reclama esta norma desde 1978. El objetivo es evitar la desigualdad de trato entre los usuarios de empresas públicas y privadas. En este sentido, pidió que Fomento inicie un proceso de privatización de las empresas municipales y que siga el ejemplo del Gobierno portugués, que está involucrado en un proceso de privatización de todas las empresas públicas de transporte, sobre todo, en ámbitos urbanos y metropolitanos.
Defensa sistema concesional
Finalmente, el director de la federación realizó dos peticiones muy concretas al director general de Transporte Terrestre, Manel Villalante. En primer lugar indicó que sería conveniente que el Comité Nacional del Transporte por Carretera recibiera una nota informativa cada vez que se reúna la Mesa de Directores Generales de Transporte con los temas tratados. Y la segunda, una mayor colaboración y coordinación entre la Dirección General de Transporte Terrestre, las Comunidades Autónomas y el Sector en la defensa del sistema concesional español ante las instituciones comunitarias.
