A su vez se aumenta de 6.000 a 12.000 euros el límite económico para poder acudir a las Juntas Arbitrales y resolver posibles desacuerdos en los contratos, según ha destacado la ministra. Como nuevos requisitos para dar seguridad jurídica a los clientes, Ana Pastor ha señalado que ni la empresa ni el gestor del transporte podrán haber sido condenados por delitos o faltas penales ni sancionados por faltas graves en los ámbitos mercantil, social, laboral y de seguridad vial. Además, tendrán que tener una sede física, poseer la capacidad financiera necesaria y competencia profesional.
La ministra de Fomento también ha indicado que se refuerza el marco legal para impedir el intrusismo. Sólo podrá contratar y facturar el servicio de transporte quien tenga autorización para ello. Todas las medidas expuestas afectan tanto al transporte de mercancías como al transporte discrecional de viajeros. Se mantiene el principio de exclusividad en el servicio de concesión porque, a juicio de la ministra, "favorece la cohesión territorial y garantiza la movilidad de todos los ciudadanos por igual, no requiere de subvenciones y los precios son inferiores y competitivos respecto a otros modelos de transportes".
Ana Pastor también ha explicado que se permitirá realizar el transporte escolar y de trabajadores de forma combinada. Esto significa que rutas escolares que no se cubrían ahora se cubrirán porque podrán viajar junto a los niños las personas adultas de la localidad. La nueva ley establece un canon en las concesiones, que pagará el adjudicatario. Se hará un registro público de contratos, que los ciudadanos podrán ahora consultar. La ministra de Fomento confía en que el texto obtenga el máximo consenso con todos los actores implicados.
