Según explica la federación en su comunicado, la Asamblea General de la misma analizó el pasado lunes “la gravísima situación que atraviesan las empresas transportistas españolas, afectadas por el fuerte incremento de los costes de explotación, especialmente del precio del gasóleo”. Este grave problema se une al descenso de la demanda de servicios de transporte y la dilación en los pagos por parte de las empresas cargadoras e intermediarias, así como “la importante reducción de la actividad y la competencia desleal creciente que están soportando por parte de empresas situadas en terceros países”.
Una de las principales acciones que se emprenderán desde Fenadismer será poner en marcha un Plan de inspección en colaboración con la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Empleo para perseguir la denominada “rumanización” de las empresas de transporte españolas, es decir, se busca “actuar contra los grandes empresarios de transporte españoles que están procediendo a desmantelar sus empresas radicadas en nuestro país, con el consiguiente despido laboral de sus conductores asalariados, y aprovechándose de la regulación del mercado único de transportes en el seno de la Unión Europea proceden a crear una empresa de transporte en un país del Este de Europa principalmente (Rumanía o Bulgaria) para continuar realizando los mismos tráficos en España que venía prestando con anterioridad, aprovechando los menores costes fiscales y laborales que presentan dichos países”.
La Asamblea también ha acordado iniciar una campaña de denuncias contra “los centros y áreas de almacenaje y distribución de mercancías, especialmente en grandes centros logísticos del sector de la alimentación, por los abusos que están padeciendo los transportistas que son obligados a efectuar las tareas de carga y descarga de las mercancías que transportan, vulnerando en la mayoría de los casos la legislación laboral en materia de prevención de riesgos”, Fenadismer también considera que existe una situación de economía sumergida, al llevar a cabo los transportistas unas tareas no retribuidas y, por tanto, carentes de la correspondiente tributación fiscal.
El proyecto de la LOTT
La Asamblea ha valorado “muy negativamente” el proyecto de modificación de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres aprobado por el Gobierno el pasado mes de Diciembre y actualmente en trámite parlamentario puesto que lo considera insuficiente en tanto en cuento no ha establecido la protección requerida a las empresas de transporte.
