En su enmienda al Proyecto de Ley por el que se tramita en el Parlamento el Real Decreto-ley 4/ 2013, de 22 de Febrero, “de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), solicita que aquellos contratistas que se hayan acogido al mecanismo de financiación para el pago a proveedores, una vez cobradas las facturas pendientes, informen en un plazo de seis meses a la Administración correspondiente sobre la liquidación de las cantidades que tuvieran adeudadas con terceros subcontratados para la realización de la misma obra o servicio. Además, UPTA pide que el cumplimiento de esta condición sea imprescindible para que la empresa pueda ser beneficiaria de una nueva contratación con la misma Administración.
UPTA espera que con esta condición mejore la situación de los autónomos subcontratados "que son siempre los que se encuentran en la parte más débil de la cadena de subcontratación", explica el secretario general de la Organización, Sebastián Reyna. La organización ya ha presentado la propuesta a los responsables de los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular.
La subcontratación desfavorecida en los pagos
La mayoría de los autónomos, por su condición de persona física y por su escasa dimensión empresarial, no están en condiciones de acceder a la contratación pública. Sin embargo, en la mayoría de los casos las empresas principales hacen uso de sus servicios como subcontratados para realizar parte o el total de los servicios u obras contratados por la Administración pública.
En el anterior proceso, en el que UPTA ya alertó al Gobierno de esta situación, se aprobaron más de 27.000 millones para pagar las facturas pendientes, pero sólo el 30% de los beneficiarios fueron autónomos en el ámbito de la Administración Local y prácticamente inexistentes los beneficiados en el caso de las Comunidades Autónomas, ámbito en el que los contratos son de mayor cuantía.
