El cabotaje -transporte de mercancías dentro de un Estado miembro por parte de una compañía establecida en otro- y la creación de un registro electrónico nacional de compañías de transportes son básicamente los dos asuntos que centran las diferencias entre los Estados miembros. La propuesta de la Presidencia eslovena establece que el cabotaje sea autorizado en el caso de que sea la continuación de una operación de transporte internacional y esté limitado a un máximo de tres operaciones en siete días.
Por el momento se presenta como el asunto que centra las mayores divergencias en las negociaciones, pues mientras una mayoría de países -entre ellos España- acepta esta fórmula, hay Estados miembros que desean una mayor liberalización. Además, algunos gobiernos temen que la reducción de las restricciones sobre el cabotaje permita a las empresas de otros países con condiciones más competitivas operar de forma casi permanente en su territorio y perjudicar a sus compañías. Países como Holanda, Portugal y la República Checa se pronunciaron a favor de un enfoque más liberal, en especial, de que se permitan operaciones de cabotaje en los países que los transportistas atraviesan en sus viajes de regreso, con el objetivo de evitar la circulación de camiones vacíos.
Ahorro a medio plazo
En referencia al otro tema candente, la creación de registros electrónicos en los que se recojan todos los datos de las empresas y las sanciones más importantes que reciban, el principal debate radica en su financiación, sobre la que algunos Estados miembros, entre ellos Alemania, tienen reservas. El comisario europeo de Transportes, Jacques Barrot, recalcó en el debate público celebrado el pasado lunes por el Consejo que las inversiones iniciales se compensarán con el ahorro que este registro permitirá a medio plazo, tanto para las autoridades como para las empresas.
Las negociaciones entre los Estados miembros continuarán a escala técnica, con el objetivo de que los ministros puedan alcanzar un acuerdo en junio. La Comisión Europea confía en que con este paquete normativo la industria del transporte pueda mejorar su eficiencia y modernizar su imagen, además de avanzar en la seguridad de los conductores y favorecer la reducción de emisiones de dióxido de carbono.
