Para el transporte por carretera en particular, la Directiva solicita a la Comisión la preparación, "si lo juzga conveniente", de un proyecto de norma que revise la directiva de la Euroviñeta al objeto de permitir a los Estados miembros incorporar estos costes a la imposición que se aplica actualmente. Esta postura de la Comisión tiene un efecto secundario en la lucha contra el cambio climático, ya que propone la alimentación de la ‘Caja’ de los Estados por potentes instrumentos generadores de ingresos, según la IRU.
Tanto es así ue países como Canadá, Japón y Nueva Zelanda están estudiando la posibilidad de aplicar medidas similares.
En su estrategia global, la Comisión empieza a establecer las prioridades y opciones, como la internalización de los costes del transporte por carretera y aéreo, que se juzga prioritario; o la política relativa al transporte por carretera comprenderá diferentes medidas, como normas técnicas, pero se basará principalmente en la tarificación por el uso de infraestructuras mediante la modificación de la Directiva de la Euroviñeta, por lo que respecta a la carretera.
De aquí a Junio de 2008, la Comisión publicará un ‘paquete verde’ consistente en un modelo que sirva para la evaluación de los costes externos en los diferentes modos (ya publicado en un manual de estimación de costes externos); un examen de las políticas y las legislaciones actuales sobre transporte ecológico para subsanar las incoherencias y las lagunas existentes; una hoja de ruta; y modificaciones de la Directiva ‘Euroviñeta’, además de otras disposiciones para el transporte ferroviario y aéreo.
IRU reacciona
En enero de 2008, la IRU manifestó su oposición al principio ‘contaminador/pagador’, en virtud del cual el que contamine debe pagar siempre y cuando se trate de internalizar los costes externos. La postura de la IRU propone la utilización del CCAP (Cheapest Cost Avoider Principle), principio de prevención de los perjuicios al menor coste para la colectividad, en virtud del cual los costes externos deben de ser asumidos por la parte implicada que puede hacerlo al menor coste global para la Sociedad en general. Poniendo el acento sobre el análisis coste-beneficio y la importancia del impacto de la reglamentación, el CCAP presenta la ventaja de no inscribirse erróneamente en otras grandes prioridades de la UE como la Agenda de Lisboa para el crecimiento económico. Los esfuerzos de la IRU se concentran en la forma que adoptará el ‘paquete verde’ de la Comisión.
