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Un autobús urbano circula por las calles de la ciudad norteña de Oporto.
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Un autobús urbano circula por las calles de la ciudad norteña de Oporto.

Portugal estudia si privatizar o no el transporte urbano

La privatización fue ideada por los conservadores. El nuevo gobierno luso de ideología de izquierdas planea mantener las cosas tal y como están

martes 08 de diciembre de 2015, 07:00h
El Parlamento portugués tiene previsto un debate sobre la privatización temporal de transportes urbanos en el que se votará invalidar los contratos firmados con las empresas españolas Alsa y Avanza, y con la francesa Transdev. La subconcesión de los servicios de autobús y metro de las ciudades de Lisboa y Oporto fue autorizada a finales de la anterior legislatura, cuando la mayoría conservadora impuso su criterio y autorizó ambas operaciones.
Presentaron las mociones para cancelarlos definitivamente

Las elecciones del pasado 4 de octubre cambiaron, sin embargo, el equilibrio de fuerzas en la Cámara, donde ahora el Partido Socialista, el Bloque de Izquierda, el Partido Comunista y el ecologista Los Verdes cuentan con mayoría absoluta.

Todos ellos anunciaron en las últimas semanas su intención de votar a favor de revertir estos concursos, tal y como reclamaban los sindicatos del ramo, y de hecho presentaron las mociones para cancelarlos definitivamente.

Situación actual

Las subconcesiones, pese a estar aprobadas, no entraron todavía en vigor debido a que estaban pendientes del dictamen del Tribunal de Cuentas luso. El grupo español Avanza (perteneciente a la multinacional de origen mexicano ADO) ganó el concurso de subconcesión lanzado por el Ejecutivo luso para entregar a manos privadas la gestión de la red de metro y autobuses urbanos de Lisboa en los próximos ocho años. Por su parte, Alsa fue la vencedora del concurso para gestionar la red de autobuses urbanos de Oporto, en manos de la empresa pública SCTP, mientras que el metro de esta misma ciudad fue para la francesa Transdev.

La subconcesión del metro y el autobús de Oporto fue otorgada inicialmente al consorcio español Transportes Ciudad Condal (TCC) de Barcelona, formado por las catalanas TMB y Moventis, pero el Ejecutivo lo anuló por falta de pago de una de las fianzas exigidas y relanzó el concurso.