En el año 2008, cuando la crisis económica empezaba a mostrar sus primeros síntomas, el desempleo en España superaba los 3 millones de personas. Apenas cinco años después, los ciudadanos parados ya alcanzaban los 6 millones, el doble. Una realidad que provocó que en ese periodo de tiempo el transporte público perdiese más de un 10% de usuarios, o lo que es lo mismo, más de 300 millones de viajes menos, ha explicado la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (Atuc).
“En este sentido, este comportamiento guarda una gran lógica, ya que si el ciudadano no tiene necesidad de desplazarse porque tampoco tiene un puesto de trabajo al que acudir, no usa tanto el transporte público y viceversa. De hecho, más del 40% de los viajes son motivados por temas laborales”, señala la asociación.
Asimismo, continúa Atuc, la mejora de la economía también influye en los viajes que se realizan por ocio, ya que éstos habían decaído a causa de la crisis económica. Para el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “el aumento del uso del transporte público es una muestra de que el consumo está mejorando. Es de esperar que conforme las cifras de empleo vayan siendo más favorables el número de viajeros sea también mayor”.
La mejora de la economía también influye en los viajes que se realizan por ocio
Eso sí, los ciudadanos también viajan por motivos que no pueden eludir, como una visita al médico. Por ello, aunque suba o baje la economía hay un cierto número de viajes que permanecen inalterables, lo que se traduce en que a pesar de que el paro baje los viajes en transporte público no aumenten en la misma proporción.
En este contexto, el hecho de que las cifras de empleo vayan mejorando obligará también a retomar las inversiones en transporte público para ofrecer mayor asiduidad, menores tiempos de espera y, en definitiva, un mejor servicio. En esta línea, la necesidad de renovar las flotas es primordial, ya que en los últimos años las partidas dedicadas a cambiar los vehículos ha caído más de un 30%.
Si bien es cierto que la edad media de la flota era muy buena desde el comienzo de la crisis, hay que tener en cuenta que a veces el mantenimiento de una flota más antigua supone un mayor gasto que la inversión en la nueva, porque los costes operativos se disparan, lo que termina afectando al servicio. Por ello, desde la patronal creen que es urgente la puesta en marcha de una ley de financiación del transporte público que regule de manera ordenada cómo y dónde realizar estas inversiones.
Ley de financiación imprescindible
“Uno de los mayores problemas que enfrentan los gestores del transporte público, ante la realidad de que España es el único país de la Unión Europea que no dispone de ley de financiación del transporte público, es la imprevisibilidad”, señala Atuc. Y es que, explica la asociación, “en el actual sistema, los ayuntamientos no conocen las cifras que el Estado va a reflejar hasta finales de año, cuando los presupuestos municipales tienen que estar elaborados con antelación. Por ello, la clave no está en disponer de más dinero, sino en una planificación a medio y largo plazo para que las empresas sepan con antelación con qué financiación cuenta el sistema”.
Actualmente, nuestro sistema está financiado por los usuarios, las corporaciones locales, las comunidades autónomas y el Estado (éste último reparte 51 millones sin contar Madrid y Barcelona). Esta pluralidad, obliga a los gestores a optimizar los recursos de los que disponen en cada momento, ya que varían de un año a otro, asegura Atuc.
“Por ejemplo, los años de crisis no sólo han motivado una bajada del número de viajeros, sino que la recaudación por ventas de billetes ha sufrido un gran varapalo. A esto se suma la reducción de fondos por parte de las administraciones, lo que ha perjudicado el servicio”. Por ello, Atuc reclama una ley de financiación en la que se fije qué proporción de los 5.000 millones de euros que cuesta mantener el transporte corresponde a cada parte. Además, la implantación de ingresos tributarios específicos derivarían en una mayor recaudación. Este aumento de los fondos sería un buen respaldo para acometer todas las inversiones que reclama el sector y que supondrían un beneficio para todos los usuarios.
