Los billetes son solo una parte de los ingresos destinados a costear el transporte público, que requiere además de fondos públicos para completar sus necesidades de financiación.
Así, cada año la Administración central distribuye entre los municipios una cantidad –que este año asciende a 51 millones de euros- de la que el 85% se reparte de acuerdo al déficit del billete. Sin embargo, otros factores como la demanda, la longitud de la línea y los criterios medioambientales, que a priori deberían tener más peso en el reparto, apenas suponen el 15% de la subvención, según la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC).
De hecho, en el reparto de subvenciones que da el Estado se da la circunstancia de que la ciudad que más recibe (excluyendo a Madrid, Barcelona, y Canarias que tienen contratos programa específicos) es Zaragoza, con 9,1 euros por habitante. Sin embargo, Valencia, con más población, recibió 7,6 euros por habitante.
Una ley que ponga orden
La falta de equidad en el reparto de subvenciones públicas forma parte de un problema más grande y que no es otro que la falta de una Ley de Financiación del transporte público, con la que se ponga orden y regule con criterios de eficiencia el reparto de fondos para costear el sistema.
El transporte público se financia en un 50% aproximadamente por los ingresos procedentes de los usuarios (billetes), mientras que el 50% restante procede de recursos públicos
En la actualidad, el transporte público se financia en un 50% aproximadamente por los ingresos procedentes de los usuarios (billetes), mientras que el 50% restante procede de recursos públicos. Sin embargo, al no haber una ley de financiación, como sí ocurre en el resto de Europa, no está determinado qué debe aportar cada administración, ni bajo qué criterios, etc.
Para Atuc esta ley de financiación que debe abordar cuanto antes el Gobierno tiene que contar con tres pilares fundamentales: establecer un reparto de costes, mejorar la dotación de fondos estatales gracias a la recaudación de ingresos tributarios específicos y asignar recursos con criterios más simples y que incentiven el uso del transporte público.
Según el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “el transporte público es un pilar del estado de bienestar, pero España carece de una ley que ponga los puntos sobre las íes a los recursos que recibe para hacer posible un buen funcionamiento del sistema, del que se benefician cada día 5 millones de personas. Con ella los municipios recibirían los fondos con criterios de equidad y eficiencia, en lugar de subvencionar con arreglo al déficit del billete, algo incoherente si queremos un sistema eficaz”.
