Atuc recuerda que la gestión y el control de la calidad del aire corresponden a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, y lamenta que al transporte público no se le dé la importancia que se debería para reducir los niveles de contaminación
La Comisión Europea se ha fijado como plazo máximo el viernes 9 de febrero para no llevar el caso español ante la Justicia. Y es que España se encuentra dentro de los únicos nueve países europeos instalados en el incumplimiento sistemático de la normativa contra la contaminación del aire, que cada año provoca la muerte en Europa de unas 400.000 personas y de más de 25.000 en nuestro país.
Un incumplimiento que, según Atuc, no es de extrañar si se tiene en cuenta la falta de una apuesta decidida por el transporte público por parte de la Administración Central, cuyas “medidas estrella”, como el Plan Aire II, se han dirigido en mayor medida a renovar el parque de vehículos o a mejorar la eficiencia energética de los edificios. Hace unos días, la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, insistió en que la falta de calidad del aire no es un problema generalizado en España, sino que se encuentra focalizado en Madrid y Barcelona.
Pues bien, Atuc recuerda que la gestión y el control de la calidad del aire corresponden a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, y lamenta que al transporte público no se le dé la importancia que se debería para reducir los niveles de contaminación. Es más, dentro de este Plan (que estará vigente hasta que entre en funcionamiento el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica) no hay actuaciones específicas para el fomento del uso de autobuses, metros y trenes de cercanías, que además de descongestionar el tráfico en las grandes ciudades y evitar los atascos sirve como filtro para limpiar el aire urbano. De hecho, una de las principales causas de la contaminación atmosférica reside en el tráfico rodado, responsable del 50% de las emisiones contaminantes en los centros urbanos (de las que más del 90% corresponden al tránsito de coches y motos).
Por ello, las vías de actuación más efectivas para reducir la contaminación del aire pasan, sobre todo, por potenciar el transporte público, ya que un solo autobús puede evitar la contaminación que generan 50 coches, un argumento de peso para convencer a aquellos que aún no lo usan. No obstante, el 81% de los que todavía no utilizan el transporte público como medio de desplazamiento habitual consideran que se trata de la mejor solución a los problemas medioambientales. De esta manera, aunque en los principales centros urbanos las áreas de prioridad residencial vayan ganando terreno de forma paulatina frente a los espacios reservados para los vehículos privados, más de tres millones de españoles podrían empezar a usar el metro, los autobuses y los trenes de cercanías si el sistema ofreciera un todavía mayor nivel de servicio.
Más inversión y orden en la financiación
Si bien es evidente el cambio de la movilidad hacia medios sostenibles en la agenda de los municipios, no hay aún una correspondencia con las cifras de inversión que inviten a pensar en una apuesta clara por el transporte público como una alternativa al tráfico privado. Precisamente, los ayuntamientos invirtieron en 2016, procedentes de su superávit, poco más de 73 millones de euros en el transporte de viajeros, acaparando únicamente el 10% de las inversiones financieramente sostenibles.
También es prioritario desarrollar una ley de financiación del transporte público en España, que es el único país europeo que no cuenta con una legislación de ámbito estatal sobre esta materia, para ordenar los recursos y distribuirlos mejor en aras de responder a las necesidades de movilidad, limpiar el aire urbano y mejorar la calidad de vida en las ciudades. Otra cuestión sensible, y en línea con los planteamientos de Bruselas, es la futura Ley de Cambio Climático. Y Atuc considera que debería incluir un apartado específico al transporte público, teniendo en cuenta el papel fundamental de éste para revertir el calentamiento global y disminuir la congestión del tráfico en los núcleos urbanos.
