Lo cierto es que una implantación masiva inmediata podría encarecer las tarifas y perjudicar, en definitiva, al usuario final
En cualquier caso, Atuc considera que esta propuesta debería ser tecnológicamente neutral, es decir, no decantarse por ningún tipo de propulsión alternativa. Los motores híbridos o los Euro VI, que están en la misma escala medioambiental que el gas, que sí se menciona, son también alternativas eficientes. Al mismo tiempo, la asociación recuerda que esta reconversión debe ser progresiva para no comprometer el equilibrio económico de los operadores de transporte público. Y es que la propuesta de Bruselas, que no es vinculante, insta a que en 2025 el 30% de la flota en Europa sea ‘eco’.
Lo cierto es que una implantación masiva inmediata podría encarecer las tarifas y perjudicar, en definitiva, al usuario final. De hecho, un autobús eléctrico cuesta más del doble que su equivalente con motor diésel, cuando éste ya es de por sí una solución medioambiental, puesto que las emisiones contaminantes por viajero son entre un 50% y un 60% más bajas en un autobús convencional con respecto al coche privado.
Una ley para hacer sostenible el cambio
Por otro lado, la Declaración de la Comisión Europea insiste en las necesidades especiales de financiación que supone la incorporación de estas tecnologías a las flotas de transporte público, lo que requeriría el desarrollo de mecanismos de financiación ad hoc para hacerlo posible. A este respecto,
España parte con desventaja con respecto al resto de Europa, ya que no existe en nuestro país una ley de financiación del transporte público de ámbito estatal que ponga orden en los recursos que el sistema recibe. Esto permitiría a cada operador conocer a corto y largo plazo qué fondos recibirá, lo que ayudaría a trabajar de forma ordenada y sostenible para conseguir una flota más limpia
.
Asimismo,
Atuc valora especialmente que la Declaración de la Comisión Europea haga referencia a la necesidad de subsanar algunos de los frenos para el desarrollo de estas motorizaciones. Es el caso de la inversión en infraestructura para hacer posible el despliegue creciente de estos vehículos, o la necesidad de que los fabricantes incrementen la oferta de modelos de estas características, mejoren sus prestaciones (y en particular su limitada autonomía) y ofrezcan precios más competitivos.
Según el secretario general de Atuc, Jesús Herrero, “en definitiva, se trata de que todos los actores inmersos, desde compañías energéticas hasta fabricantes de autobuses y, por supuesto, los operadores, nos involucremos en este plan para que no se convierta en papel mojado y sea una realidad. También
los partidos políticos son relevantes pues de ellos depende la iniciativa de una ley de financiación que asegure los recursos necesarios para acometer las inversiones que España necesita para tener una flota 100% ecológica”.
