España sigue lejos de recuperar un nivel de inversión pública aceptable que resuelva el importante déficit de más de 114.000 millones de euros en infraestructuras prioritarias a realizar en el corto plazo
Además, la patronal ha añadido que la actividad concesional cae un 46% (239 millones de euros) con respecto al año anterior (y un 97% en los últimos 10 años), lo que indica que nuestro país sigue lejos de recuperar un nivel de inversión pública aceptable que resuelva el importante déficit de más de 114.000 millones de euros en infraestructuras prioritarias a realizar en el corto plazo con un elevado impacto social: ciclo integral del agua (12.014 millones de euros), medioambiente (6.522 millones de euros), salud y educación (10.550 millones de euros), movilidad y accesibilidad urbana (38.290 millones de euros), movilidad y transporte interurbano (46.256 millones de euros) e infraestructuras logísticas (699 millones de euros).
Según los datos presentados, al ritmo inversor actual se tardarían 136 años en realizar las infraestructuras necesarias en medioambiente, 40 años en resolver el déficit inversor acumulado en las infraestructuras de transporte y ciclo integral de agua y sería asimismo preciso duplicar la inversión actual en infraestructuras de equipamiento público (salud y educación) para recuperar en cuatro años el déficit inversor acumulada en 2011/2016.
Las consecuencias de no resolver los déficits actuales son la pérdida de la competitividad, ya que se verán afectados los sectores clave que sustentan la recuperación económica (turismo y exportaciones) y se ampliará la brecha inversora con las cuatro mayores economías europeas, la reducción del bienestar social del ciudadano, con mayores costes externos de transporte (congestión, accidentes, emisiones…) y la pérdida de impulso económico debido a la menor actividad económica inducida, menor creación de empleo y menor retorno fiscal.
Sobre el primer impacto negativo, Seopan añade que, en 2016, con respecto a las mayores economías europeas, España ha invertido por habitante en infraestructuras de salud, de educación, de medioambiente y transporte un -30%, -71%, -62% y un -54%, respectivamente. Con este rimo inversor, nuestro país invertirá en el periodo 2018/2019 un -63% menos que el resto de países referentes de la Unión Europea (UE).
Pero, según ha expuesto la Asociación, las prioridades de gasto social, la reducción de la deuda pública y el pago de sus intereses no permitirán en los próximos años atender las necesidades de inversión de infraestructuras con cargo a los presupuestos públicos, con lo que será necesario un modelo de financiación extrapresupuestaria para la realización de las infraestructuras que nuestro país necesita. En este sentido, Seopan ha resaltado la importancia de alcanzar un Pacto Nacional de Infraestructuras que fije las prioridades de inversión y defina un modelo global de financiación y gestión de carreteras de gran capacidad más eficiente, sostenible y solidario que resuelva la desigualdad territorial y modal del transporte y que esté armonizado con la UE, ya que, el resto de países basan su sostenibilidad en los usuarios de las vías y no en los contribuyentes. Este modelo implicaría un ahorro en el presupuesto público de 2.500 millones de euros al año.
Pacto político
“
Es imprescindible un pacto nacional entre las distintas fuerzas políticas para la aprobación de un plan general de infraestructuras a largo plazo que, bajo estrictos criterios de rentabilidad económico-social, establezca las prioridades y su financiación”, señala
Julián Núñez, presidente de Seopan. Los datos agregados de las empresas de Seopan, respecto a 2016, muestran un ligero aumento de la actividad nacional del 0,3% (4.296 millones de euros), principalmente motivado por la subida de la edificación residencial (+41%), ya que la actividad en obra civil ha seguido cayendo (-2%). Asimismo, el empleo directo disminuye un -7,2% (18.199 empleos).
