Atuc denuncia la impunidad con la que, en ocasiones, estos actos vandálicos vienen siendo tratados por la Justicia y, por ello, pide a la Fiscalía General del Estado que sean considerados “delito de daños”
La asociación estima que en el último año se han producido en el transporte público como mínimo más de 7.300 pintadas de este tipo, ocasionado unas pérdidas millonarias en servicios de limpieza que terminan pagando, a fin de cuentas, los contribuyentes como usuarios finales. Además del coste económico, estas prácticas tan reprochables, que incluso se han convertido en un reclamo para el “turismo grafitero”, pueden ir acompañadas de daños colaterales como amenazas y agresiones tanto a testigos como empleados de las empresas afectadas, en especial al personal de vigilancia.
En este contexto, Atuc denuncia la impunidad con la que, en ocasiones, estos actos vandálicos vienen siendo tratados por la Justicia y, por ello, pide a la Fiscalía General del Estado que sean considerados “delito de daños” y no simples “deslucimientos” cuando derivan en importantes deterioros, muchas veces irrecuperables, que terminan por mermar la calidad del servicio al usuario por retrasos y “parones” innecesarios.
Respuestas penales más contundentes
Atuc explica que la trascendencia jurídica de estas pintadas actualmente no está recibiendo la respuesta penal que merecieran, despenalizando y rebajando la gravedad de los daños ocasionados, tal y como se desprende de algunos procedimientos judiciales abiertos hasta la fecha.
Es muy frecuente que, tras la lectura del atestado o la denuncia, la causa se archive de manera casi automática, dado que el órgano instructor suele ceñirse a la pintada a la hora de valorar su gravedad, ignorando los daños y consecuencias colaterales para operadores, gestores y usuarios.
Es más, a veces los jueces no tienen en cuenta la jurisprudencia que permite que estas pintadas sean tipificadas como un delito de daños siempre que se produzca una alteración sustancial de la apariencia del objeto damnificado (en este caso los vagones) sin necesidad de que haya una destrucción total o parcial del mismo. Según el secretario general de Atuc,
Jesús Herrero, “esta impunidad genera un efecto llamada para disfrute de unos encapuchados que buscan descargar adrenalina utilizando malas artes y pinturas cada vez más abrasivas difíciles de limpiar y que reducen la vida útil de los vagones, generando unos costes improcedentes que terminan cubriendo los usuarios mediante el pago de sus impuestos”.
