Una subida de 9,5 céntimos en los impuestos al diésel, dentro de un plan para equiparar los impuestos especiales de la gasolina y el gasóleo, se traducirá en un aumento en el precio por litro del diésel, que pasaría de estar grabado con 30, 7 céntimos por litro a 40,25 céntimos por litro
Por ello se solicita del Gobierno que reconsidere estos planes y como mal menor, que se mantengan las bonificaciones para el gasóleo profesional para todos los transportistas, en las que se incluyan estas nuevas subidas e independientemente de la MMA de los vehículos con los que se trabaje, hay que recordar que los vehículos de menos de 7.500 kg de MMA, quedan fuera del llamado gasóleo profesional, y por tanto de las devoluciones/recuperaciones del impuesto, aunque las empresas se verían igualmente perjudicadas porque se verían obligados a adelantar el precio debido a esta subida del impuesto del gasóleo, un 31%, aunque se produzca escalonadamente. Hay que recordar que en Galicia hay 6.671 empresas de transporte público de mercancías por carretera con cerca de 24.000 vehículos, de las cuales unas 2.500 prestan sus servicios con vehículos de menos de 7,5 Tn de MMA, (más de 6.000 vehículos).
Está claro que una subida de 9,5 céntimos en los impuestos al diésel, dentro de un plan para equiparar los impuestos especiales de la gasolina y el gasóleo, se traducirá en un aumento en el precio por litro del diésel, que pasaría de estar grabado con 30, 7 céntimos por litro a 40,25 céntimos por litro, igual que la gasolina, una subida para aumentar la recaudación en, aproximadamente, 2.000 millones de euros, pero que significaría un grave perjuicio para muchos sectores productivos del país, entre ellos el del transporte. Sería imprescindible, como mal menor mantener el gasóleo profesional y ampliarlo a todos los tipos de vehículos de transporte independientemente de su MMA y estudiar compensaciones por el pago anticipado de estos impuestos por parte de las empresas de transporte, que se convertirían en una suerte de financiadores del Estado, al anticipar un impuesto que luego se les devolverá, pero meses más tarde.
Estamos hablando de una medida que llevaría al sacrificio de una gran parte de las empresas del sector del transporte público de mercancías por carretera españolas, sobre todo las pymes, autónomos y especialmente el segmento del transporte ligero y de distribución. Y que por lo tanto afectaría de forma muy importante a la competitividad de los productos españoles, que llegan a los mercados fundamentalmente a través del transporte por carretera, cerca del 80% de las mercancías que España se mueven gracias a la potente y competitiva flota de transporte público de las empresas de todo el Estado.
Gran fuente de ingresos
Por todos es sabido, que los carburantes son una importantísima fuente de ingresos para la Administración, que nutre sus arcas de los repostajes que todos los profesionales y particulares realizan día tras día con sus vehículos, pero de todos es sabido que en España, la carga impositiva que soportan los carburantes ya es lo suficientemente significativa como para seguir incidiendo en la misma, pero parece que para los sucesivos Gobiernos es un recurso sencillo y fácil, cargar cada vez más a un sector como es el del transporte por carretera con nuevos impuestos y tasas,
como ejemplo el despropósito de los peajes en Guipúzcoa (como si pudiera con todo), pero sin pensar en lo que puede ocurrir si el transporte público de mercancías por carretera, los camiones, el día de mañana no quieren o no pueden salir a la carretera y por lo tanto a prestar sus servicios a hospitales, gasolineras, grandes superficies comerciales y de alimentación, etc.
