El pasado jueves, 20 de septiembre, la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó la proposición no de Ley relativa al impulso de una ley de financiación del transporte colectivo urbano, registrada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que finalmente fue pactada también con PP, PSOE, Ciudadanos y Compromís.
El vehículo privado es responsable de la mayor parte de las emisiones contaminantes
En su exposición de motivos, señala que el vehículo privado es responsable de la mayor parte de las emisiones contaminantes de las ciudades y que el transporte colectivo urbano constituye la única alternativa real y eficaz para el cumplimiento de los compromisos en el marco del Acuerdo de París. Marco del Plan Nacional de la Calidad del Aire 2017-2019 (Plan Aire II). Además, el actual marco de financiación del transporte colectivo urbano es inestable, inequitativo, arbitrario y no se encuentra encuadrado en planificación estratégica alguna. Una situación que imposibilita apuestas estratégicas a medio-largo plazo por parte de los operadores e instituciones responsables del transporte urbano, lo que redunda en su incapacidad para incorporar mejoras competitivas y optimizar el servicio a los ciudadanos en un marco tecnológico permanentemente cambiante.
Los puntos
De este modo, el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a establecer una mesa de trabajo con los Ayuntamientos, agentes sociales y administraciones autonómicas con el propósito de presentar, en el plazo de seis meses, una propuesta de ley de financiación del transporte público que considere, entre otros, los siguientes puntos:
- - Regular y garantizar un monto mínimo para los sistemas de financiación del transporte publico urbano, con el objetivo de integrar la planificación financiera de los distintos sistemas de transporte colectivo como autobuses, cercanías, metros y metros ligeros que operan en los distintos núcleos urbanos o áreas metropolitanas, mejorar la calidad de los servicios y convertir al transporte publico urbano en una alternativa real de decisión de los ciudadanos frente a modos de transporte más contaminantes.
- - Determinar requerimientos de las distintas administraciones con competencias en materias de medioambiente, fiscalidad y transporte público en relación a la financiación estatal del sistema.
- - Facilitar la coordinación interadministrativa en aras a garantizar la accesibilidad e intermodalidad entre los servicios de transporte público y otras alternativas de transporte sostenible capaces de contribuir a desincentivar de forma eficaz el uso del vehículo privado y con ello, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
- - Disuadir de forma efectiva el uso del vehículo privado en los núcleos urbanos por su relevante contribución al actual nivel de emisiones contaminantes.
- - Priorización de los sistemas de propulsión eléctrica, las fuentes de energías renovables y los combustibles fósiles de bajas emisiones contaminantes en cumplimiento de la normativa.
