“Cada vez más, la crisis económica que se abate sobre nuestro país, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, recuerda a la crisis padecida en 2008, en la que ante una drástica reducción de la actividad económica surgieron nuevas fórmulas de actuación empresarial para poder continuar perviviendo en dicha situación desfavorable, vulnerando en muchos casos de forma manifiesta la legalidad vigente, aún a costa de destruir el tejido empresarial español, especialmente de los autónomos y las pequeñas empresas”. Así reza el comunicado emitido ayer por Fenadismer, como preámbulo a una situación que incide en “el fomento de la economía sumergida y la precariedad en el Sector del transporte y la logística, pese a que como confirman los datos oficiales facilitados por el Gobierno, una parte significativa de los transportistas legalmente autorizados se encuentran paralizados o con una reducción importante de su actividad, lo que les permitiría atender las nuevas necesidades de transporte que las grandes empresas les demandaran”.
Fenadismer recibe “permanentemente denuncias de nuevas situaciones de ilegalidad y bolsas de fraude en el Sector del transporte en nuestro país, que no se circunscriben a pequeñas actuaciones aisladas, sino que en algunos casos se llevan a cabo a gran escala promovidas por destacados grupos empresariales que, amparados por una presunta impunidad, campan a sus anchas cometiendo todo tipo de ilegalidades sin pudor alguno, y sin que sus certificaciones de calidad y responsabilidad social corporativas de las que hacen gala parezcan resentirse”.
La denuncia ante los Servicios de Inspección de Ttransporte persiguen el inmediato cese de estas prácticas
Así, en las últimas semanas, la Federación ha tenido conocimiento de las "gravísimas y repudiables actuaciones ilegales que está llevando a cabo una empresa como es El Corte Inglés, como consecuencia del cierre de sus grandes almacenes desde el pasado 14 de Marzo por el Decreto del estado de alarma. Como alternativa al cierre físico de sus centros comerciales, dicho grupo empresarial ha venido fomentando la venta a través de internet para facilitar la adquisición de todo tipo de productos a sus clientes”, como figura en su página web.
Sin embargo, según Fenadismer ha podido comprobar, el reparto de los productos adquiridos a través de la web de dicho establecimiento comercial “no se está realizando con transportistas autorizados, sino con vehículos particulares, lo que supone una vulneración manifiesta de la legalidad vigente en materia de transportes, lo que ha sido puesto en conocimiento de los Servicios de Inspección de Transporte a fin de que se proceda a la paralización inmediata de la actividad de reparto por ilícita y se sancione gravemente a dicho grupo empresarial”.
Inadmisible y reprochable
La Federación entiende que “no sería admisible y absolutamente reprochable que fueran los trabajadores que se encuentran con su relación laboral suspendida y percibiendo su salario del Estado los que además, de forma fraudulenta, hicieran el reparto de las mercancías en sus coches particulares a cambio de un pequeño incentivo económico, mientras miles de transportistas permanecen en sus casas parados por falta de actividad”.
Estas son las razones por las que Fenadismer ha instado a los Servicios de Inspección de Transporte Terrestre a que “con carácter inmediato, se lleven a cabo las actuaciones que sean necesarias para paralizar dicha actividad ilícita y absolutamente insolidaria en la actual situación económica que vive nuestro país”.
