"Supone una injustificada barrera de acceso a la actividad, en el sector del transporte"
El Supremo ha anulado el artículo del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) que establece el requisito de contar con al menos un vehículo que no supere la antigüedad de cinco meses para obtener una licencia de transporte público de mercancías, ya que según la sentencia "supone una injustificada barrera de acceso a la actividad en el sector del transporte que, además, introduce una evidente distorsión en el mercado y afecta a la competencia efectiva". El tribunal ha tomado esta decisión al estimar un recurso de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
El hecho de anular solo este articulado ha generado un agravio para las empresas que han hecho una fuerte apuesta por la sostenibilidad con la adquisición de nuevos vehículos para dar un mejor cumplimiento a las normativas medioambientales, asumiendo unos costes de adquisición de vehículos muy por encima de determinados vehículos de ocasión. Por otro lado, a la hora de sustituir un vehículo que actualmente ya se posee, no estamos hablando de ampliar flotas, se ven obligados a sustituirlo por uno de menor antigüedad. Si en vez de sustituir, se quiere ampliar flota, el ROTT exige que solo se pueda incrementar flota con la adquisición de vehículos nuevos (con menos de cinco meses).
Antonio Martínez, nombrado recientemente presidente del Gremio de Transportes y Logística de Cataluña, considera que “hay que suprimir el criterio de ampliar flotas con la compra de vehículos nuevos, que exige el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre, ROTT, para que las empresas del sector tengan la libertad de adquirir vehículos de ocasión, tal y como se ha previsto para los nuevos aspirantes a la profesión”.
Por otro lado, el sector se muestra fuertemente preocupado porque se está desregularizando a golpe de sentencia, ya hace unos meses, con la supresión de la exigencia de mínimo tres vehículos para acceder a la profesión, y ahora, con la eliminación del requisito de antigüedad máxima. Estos hechos generan una inseguridad jurídica que dificulta mucho la toma de decisiones estratégicas, como por ejemplo, la ampliación de flotas o la sustitución del parque de vehículos.
