Cada año, se multiplican por dos o por tres los usuarios en España que hacen uso de plataformas de Internet para sus desplazamientos. La red social de viajeros BlaBlaCar ya cuenta con 3 millones de usuarios en nuestro país y que esta Semana Santa consiguió un aumento del 33,2% respecto al mismo periodo del año pasado.
Esta Semana Santa consiguió un aumento del 33,2%
En los juzgados
Esta manera de trasladarse dejando fuera los cauces convencionales ha despertado una gran controversia. En octubre de 2016, la Comunidad de Madrid abrió dos expedientes sancionadores contra BlaBlaCar con valor de 8.000 euros por ofrecer servicios de transporte público sin autorización. Por otro lado, una sentencia prohibió recientemente los servicios de Uber en España, una aplicación que pone en contacto a pasajeros y conductores para cubrir trayectos urbanos. Sin embargo, el pasado mes el Juzgado Mercantil de Madrid desestimó la demanda de Confederación Española de Transportes en Autobús (Confebús) a BlaBlaCar, acusada de competencia desleal. El juez alegó que no existía tal competencia porque BlaBlaCar no es una empresa de transportes, sino un intermediario entre particulares. Ahora, según el reciente anuncio de BlaBlaLines (un servicio de la empresa para poner en contacto a dos personas que compartan diariamente el mismo trayecto), la compañía se acerca paulatinamente al nicho del transporte urbano, lo que generará aún más recelos entre los taxistas.
El despacho de abogados Roca & Asociados explica que en realidad BlaBlaCar “no desempeña una actividad profesional, al no tener el lucro como finalidad”, por lo que, según las leyes vigentes, no estaría actuando al margen de la ley. Otra cosa sería que los conductores quisieran sacar un beneficio pidiendo un precio por el viaje superior al del coste derivado en concepto de combustible y gastos de desplazamiento. El hecho de que BlaBlaCar cobre una comisión por el uso de su aplicación tampoco es ilegal, ya que “lo hace en concepto de intermediario: ofrece un servicio, no un medio de transporte”.
En el caso de Uber, la demanda interpuesta contra la plataforma no fue favorable a la misma. Acusada por las asociaciones de taxistas, el Juzgado de lo Mercantil de Madrid prohibió a Uber operar en España. Aunque estuvo dos años cerrada, encontró a través de la licencia VTC (vehículo de transporte con conductor) un método para incorporarse nuevamente al mercado español. Si el juicio se resuelve a favor de Uber, el sector del taxi podría verse afectado y no son pocas las asociaciones que ven en esta iniciativa una forma de promover la economía sumergida.
