Si se pretende reducir las emisiones -establece el documento presentado por la CE- es probable que las inversiones adicionales mundiales netas tengan que incrementarse en unos 175 000 millones de euros anuales en 2020, según estimaciones de expertos independientes. Aproximadamente la mitad de ese importe habrá de corresponder a los países en desarrollo. Hasta 2020, el grueso de las medidas adoptadas en esos países tendrá pocos costes (o incluso beneficios), y deberá financiarse internamente. La ayuda financiera internacional destinada a las intervenciones que superen las capacidades nacionales deberá proceder de fuentes como las arcas públicas y los mecanismos internacionales de asignación de créditos de carbono.
El acuerdo de Copenhague deberá además configurar una estructura que ayude a los distintos países a adaptarse a las consecuencias inevitables del cambio climático. Todos los países desarrollados y en desarrollo deberán elaborar estrategias nacionales de adaptación, y deberá dispensarse ayuda para la adaptación de los países menos desarrollados más vulnerables y de los pequeños estados insulares en desarrollo.
La UE debería explorar posibles fuentes innovadoras de financiación internacional basadas en el principio de que quien contamina paga y en la capacidad de pago. Para ayudar a los países en desarrollo, los Estados miembros de la UE podrían asimismo emplear parte de los futuros ingresos procedentes de la subasta de sus derechos con arreglo al régimen comunitario de comercio de derechos de emisión.
Mercado global de carbono
A fin de mitigar las consecuencias del cambio climático y de recabar fondos para combatirlo, la UE debería fijarse el objetivo de implantar, para 2015, un sólido mercado de carbono en la OCDE, fusionando el RCCDE con otros sistemas comparables de limitación y comercio de emisiones. Antes de 2020, ese mercado deberá ampliarse, abarcando a las principales economías emergentes, para crear un mercado global de carbono.
Procede asimismo reformar el Mecanismo para un desarrollo limpio del Protocolo de Kioto. En los países en desarrollo más avanzados y en los sectores económicos altamente competitivos, ese mecanismo deberá sustituirse gradualmente por un mecanismo sectorial de asignación de créditos y por sistemas de limitación y comercio de las emisiones.
Los destinatarios del documento elaborado por la CE son el Consejo, el Parlamento y los órganos consultivos de la UE. Está previsto que el Consejo Europeo ofrezca su respuesta en el mes de marzo.
