"El servicio de ITV debe seguir estando totalmente regulado por la Administración al tratarse de un servicio público de interés general, cuya prestación corresponde al Estado o a las comunidades autónomas, y ya liberalizado al poder ser prestado en su gran mayoría por empresas públicas y privadas", ha manifestado la patronal en un comunicado. Según ha argumentado AECA-ITV, la "viabilidad técnica y suficiencia jurídica" del sistema han sido "avaladas por la Comunidad Europea, la Administración del Estado y diferentes autos judiciales, incluido el del Tribunal Constitucional (TC)".
Pese a ello, "se ataca", a su juicio, de manera "insistente" el actual sistema de ITV "con los más diversos argumentos", entre ellos que la "única" salida para que este servicio sea "más barato, cómodo y cercano es su liberalización total, llegando en casos a plantear que pueda ser prestado por los concesionarios de ventas de automóviles". En este sentido, AECA-ITV ha denunciado que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sigue esta "línea de interpretación" tras haber fallado "contra la legislación de la Generalitat, que había fijado un nuevo mapa de estaciones de ITV bajo una normativa que le daba la potestad de autorizar la apertura de nuevos centros y limitarlos en función de varios factores".
"El TSJC justifica su auto amparándose de manera muy fundamental en la Directiva de Servicios europea, trasplantada a la legislación nacional", ha señalado la patronal, para después añadir que "sin embargo, la ITV está excluida" de dicha norma "en el mercado interior, ya que queda cubierta por la derogación prevista para los servicios de transporte". La patronal ha explicado que "así lo ha manifestado recientemente la propia Comisión Europea a través de su Dirección General de Mercado Interior" y ha señalado que este es uno de los motivos por los operadores han presentado un recurso contra el fallo del TSJC ante el Tribunal Supremo.
Criterios coincidentes
AECA-ITV ha argumentado que el "criterio" de la Comisión Europea "coincide" con el de sus asesores jurídicos, que entienden que el fallo del TSJC "ha infringido la norma española y comunitaria que excluye de la misma a esta actividad por ser un servicio en el ámbito del transporte, que además es una actividad vinculada al ejercicio de la autoridad pública".
"Se trata, además, de un servicio no económico de interés general en el que concurren razones como la protección del medio ambiente y la seguridad vial, que permitirían la justificación en la norma de restricciones o limitaciones al régimen especial de prestación del Servicio público de ITV", ha subrayado. En esta línea, la patronal ha sostenido que, en su opinión, "el tiempo transcurrido, la práctica profesional de las estaciones de ITV y la creciente sensibilización social por la seguridad vial y el medio ambiente han venido a confirmar estas instalaciones como imprescindibles y necesarias".
"La ITV salva vidas, evita accidentes y aminora las afecciones medioambientales de todo tipo de vehículos a motor que circulan por nuestra carreteras y vías urbanas, desde la independencia e imparcialidad", ha enfatizado. Finalmente, desde su punto de vista, las características del sistema actual "garantizan mejor que ningún otro la protección de los derechos del consumidor ante la compra de vehículos (nuevos o usados) o ante su reparación o transformación", al tiempo que "vela para que los usuarios del transporte público (particularmente los escolares) viajen en vehículos especialmente seguros".
