Así se ha expresado la federación en un comunicado en el que explica que “dicha actuación impositiva”, que Fenadismer califica de errática, “responde exclusivamente a decisiones meramente políticas, sin tener en cuenta cuales sean los intereses de la economía en general y del sector del transporte por carretera en particular”. El último ejemplo de ello, continúa la federación, “ha sido el anuncio realizado esta semana por el Gobierno de Navarra de que está tramitando un proyecto de Ley foral de modificación de diversos impuestos, entre los que se incluye la eliminación del impuesto autonómico de hidrocarburos a partir del próximo 1 de enero”.
Para Fenadismer, “lo sorprendente es que no es la primera vez que el Gobierno foral suprime dicho impuesto”. Al respecto, recuerda que en la anterior legislatura, cuyo gobierno ostentaba UPN, suprimió en 2014 dicho impuesto, aduciendo que la aplicación del mismo había supuesto “una disminución significativa en el consumo de los productos afectados así como que la recaudación tributaria no compensa los recursos, tanto materiales como humanos, que deben destinarse a dicha gestión”.
Fenadismer va a exigir al nuevo Gobierno 'la necesidad de establecer una política armonizada en materia de fiscalidad'
Exige una política en materia de fiscalidad
La federación asegura que el nuevo Gobierno navarro cuatripartito “que surgió de las urnas el pasado año 2015, haciendo caso omiso de las protestas tanto de las asociaciones de transportistas como del colectivo de gasolineras de dicha región, decidió reimplantar el impuesto a partir de este año 2016”. Al respecto, critica que reimplantó dicho impuesto “en su importe máximo, lo que ha ocasionado una importante disminución en las ventas de carburantes en dicha región y la consiguiente menor recaudación fiscal derivada del tramo estatal del impuesto, lo que ha obligado al Gobierno foral a rectificar diez meses después de su entrada en vigor”.
Por ello, Fenadismer va a exigir al nuevo Gobierno estatal, recién nombrado, “la necesidad de establecer una política armonizada en materia de fiscalidad sobre los carburantes, y que acabe de este modo con las actuales distorsiones impositivas a nivel autonómico, contrarias a los intereses económicos de los diferentes sectores consumidores de carburantes, en especial del transporte por carretera”.