País Vasco liderará una estrategia de movilidad que incluirá no solo la potenciación del autobús y el coche eléctrico, sino también la evolución del transporte por carretera, en metro, tranvía y ferrocarril. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha anunciado este lunes que el Gobierno vasco empezará a tramitar «antes de que acabe este año» la nueva Ley de Movilidad Sostenible del País Vasco, que prevé unas inversiones de 840 millones de euros hasta 2020.
Se plantea una electrificación progresiva, no solo del autobús, sino de todos los modos de transporte público
La propuesta sostenible del Gabinete Urkullu pivota sobre dos proyectos. Por un lado, está el Plan Integral de Movilidad Eléctrica (PIME), que incluye una inversión público-privada de 494 millones hasta 2020, presentado en julio y que plantea realizar una electrificación progresiva de los diferentes modos de transporte. El documento, pensado para ser ampliado y alargado en el tiempo, incluye 63 medidas que ponen sobre la mesa la necesidad de electrificar el transporte público, crear una red de puntos de recarga y aprobar ayudas que facilitaran la adquisición de vehículos enchufables entre particulares, administraciones públicas y empresas. Uno de los objetivos es que en dos años circulen 4.800 coches ecológicos por las carreteras vascas.
Además, entre los nuevos retos de la Ley de Movilidad destacará la apuesta por la intermodalidad en las estaciones. Respecto a esta última cuestión, la consejera ha asegurado que País Vasco debe trabajar ya en la definición de un «billete único» que, según ha explicado, probablemente ni siquiera tendrá un formato físico. El Gobierno vasco quiere que las actuales tarjetas de transporte urbano dejen paso a una aplicación digital que pueda estar gestionada a través del móvil.
Estas medidas permitirán alcanzar una interoperabilidad completa que incluya no solo el autobús, el tranvía o el metro, sino también el ferrocarril. Una de las claves, según Tapia, es que en todas las ciudades haya “un sistema tarifario definido” que permita que los distintos colectivos que pueden disfrutar de bonificaciones (por ejemplo, los mayores o los menores de cinco años) tengan los mismos descuentos al margen de su lugar de residencia.
