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    28 de octubre de 2020

SE EXIGE AL GOBIERNO LA LEY DE MOROSIDAD COMO PRIORIDAD

La PMcM publica su informe de Morosidad 2018 y analiza las cifras de plazos medios de pago

Los datos avalan la necesidad que tiene el país de que la Ley de Morosidad sea una prioridad para los partidos políticos

Fuente: Base de datos CBA de la Central de Balances.
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Fuente: Base de datos CBA de la Central de Balances.

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha lanzado una llamada de atención dirigida a todo el arco parlamentario, para que incluyan en sus programas electorales la aprobación de la Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad. Así lo ha solicitado el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, con motivo de la presentación de los reveladores datos que vierten tanto su Informe de Plazos Medios de Pago 2018 como las cifras ofrecidas por la Central de Balances del Banco de España (CBBE).

“Con estos datos en la mano, la lucha contra la morosidad debe ser una absoluta prioridad para el Gobierno que llegue al poder tras las elecciones generales del 28 de abril”, asegura. “Lamentamos que antes de que finalice esta legislatura no se vaya a poder aprobar la ley, debido a la presión de algunos sectores económicos y políticos, que prevé sanciones a los morosos, porque provocará que nuestras pymes y autónomos tengan que seguir padeciendo insostenibles plazos para cobrar sus facturas; un Real Decreto Ley sería la única oportunidad para frenar esta situación”. Precisamente, Cañete ha manifestado que “sería recomendable que las pymes y autónomos valoraran positivamente en su intención de voto a los partidos políticos que se comprometan en sus programas electorales a poner en marcha el régimen sancionador contra la morosidad”.

Según el nuevo informe de la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores en 2018 aumentó en el sector público en 3 días y en el sector privado en 4, alcanzando los 68 y los 81 días respectivamente

El presidente de la PMcM, Antoni Cañete, ha recordado que la Ley 15/2010 de Medidas de Lucha contra la Morosidad obliga a las empresas a informar de sus periodos medios de pago a proveedores en sus cuentas anuales. Pero, tras un análisis comparativo de estas cifras contrastándolas con los datos de PMP recogidos por la CBBE relativos al mismo periodo anual (2017), la PMcM ha detectado “un desfase entre el plazo en el que las empresas dicen que pagan y en el que realmente lo hacen”.

Mientras que la CBBE asegura que el 56,5% de las empresas pagan dentro del plazo legal, los datos declarados por las propias compañías lo elevan al 77,6%. En una lectura inversa, la CBBE cifra en un 43,5% las empresas que pagan sobrepasando el plazo máximo legal, mientras que los balances de éstas reducen el porcentaje a un 22,4%. Cañete achaca esta distorsión, “entre otras causas que deberían investigarse con detenimiento, a la fórmula que se utiliza en los balances presentados por las propias compañías para calcular el PMP, porque en ella no se considera al confirming como deuda comercial pendiente de pago”. En su opinión, este desfase entre los datos de ambas instituciones “podría corregirse, en cierta manera, si el ICAC incluyera en su método de cálculo la fórmula clásica de contabilización de facturas, que tendría en cuenta todas las que están pendientes de pago (incluidos los confirming), ofreciendo así un resultado más aproximado al real”.

Informe Morosidad 2018 de PMcM

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha presentado su 'Informe sobre Morosidad: Estudio Plazos de Pago en España 2018', del que se desprende que el plazo medio de pago a proveedores aumentó en el sector público en tres días (un 4,6%), y en el sector privado sumó cuatro días más (un 5,2%), ascendiendo de 77 a 81 días, estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que establece la ley respectivamente. “Es por ello que reivindicamos que con la llegada del nuevo Gobierno se agilice en el Congreso la tramitación de la ley que posibilitará la implementación del régimen sancionador”, urge el presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

Según el estudio de la PMcM, elaborado a partir de más de 700 encuestas realizadas a sus organizaciones asociadas y ajenas, el año pasado el 63% de los proveedores tuvo contratos o acuerdos comerciales con clientes que les imponían plazos de pago superiores a los 60 días que establece la Ley 3/2004. A esto también se suma “el preocupante dato” de que, en caso de sufrir impagos, el 86% de los proveedores nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago.

La PMcM siempre ha sostenido que “esto podría deberse más al miedo a perder el cliente y al sistema de reclamación en sí, que al propio desconocimiento”, porque el 64% de los encuestados asegura conocer la legislación existente. No obstante, el presidente de la entidad apunta que, “después de nueve años, no deja de sorprender que un 36% de las empresas aún la desconozca”.

Como novedad este año, el informe ha analizado la tipología de las empresas morosas. El 59% de los encuestados aseguran que el tipo de cliente que más tarda en pagarles son las grandes empresas (las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros). Además, cuando los encuestados son preguntados por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus clientes que son grandes empresas, el 39% coincide en que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardando entre 60 y 90 días), y el 42% señala que les pagan muy por encima de los plazos legales (más de 90 días), esto es, solo el 19% de las grandes compañías les pagan dentro del plazo legal.

De acuerdo con el informe de la PMcM, el ratio de morosidad (porcentaje de impagos respecto al total de facturación), se cifró en el 2,9%, lo que significó un ligero aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2017.

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