La Comunidad de Madrid ha anunciado recientemente la licitación de 171 rutas escolares gratuitas para los tres próximos cursos, con una inversión prevista de 22,8 millones de euros. Estas rutas beneficiarán a más de 5.000 alumnos de centros docentes públicos no universitarios, incluyendo también centros de Educación Especial de titularidad pública y concertada.
Las rutas beneficiarán a más de 5.000 alumnos
Tras un análisis detallado de los precios establecidos en esta nueva licitación —denominada Plurianual-25—, la Asociación de Empresarios de Transporte en Autocar de Madrid (Aetram) ha advertido una disminución significativa en los precios respecto a concursos anteriores. En concreto, los precios base han descendido en un 68 % de los casos, mientras que el precio final de adjudicación refleja una reducción del 19 %.
Uno de los puntos más controvertidos señalados por la asociación es el uso, por primera vez, de una nueva metodología para calcular los precios base, adoptada por la Administración autonómica. Esta se basa en la estructura de costes del Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar (Acotravi) del Ministerio de Transportes, utilizando variables como el kilometraje, la duración de las rutas y ciertos parámetros adicionales. Este cambio ha generado dudas legales dentro del sector, que cuestiona su validez como referencia para licitaciones públicas.
Peticiones de Aetram
Desde Aetram se insiste en que la herramienta adecuada para fijar estos precios debería ser el Observatorio de Costes para el Transporte Discrecional (Covimad), elaborado por la propia Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, este informe no ha sido actualizado desde 2018, a pesar de las reiteradas peticiones del sector para su revisión.
La patronal del transporte ha reiterado en diversas reuniones su disposición a colaborar con la Administración para evitar concursos desiertos por falta de concurrencia, y advierte que la fijación de precios por debajo de los niveles anteriores puede comprometer la viabilidad económica de los servicios, afectando directamente a las empresas adjudicatarias, a la Administración y, en última instancia, a los propios usuarios.
Aetram subraya que es responsabilidad de la Administración garantizar que las condiciones económicas permitan prestar el servicio con calidad, seguridad y sostenibilidad, pilares fundamentales para la correcta ejecución del transporte escolar en la región.
