El pasado jueves, 23 de febrero, en nombre de las empresas de transporte en autobús, el Departamento de Viajeros del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), envió una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, recordándole que el pasado 15 de julio el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) anunció que, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de transporte público, se iba habilitar a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos a realizar un reequilibrio de sus contratos de transporte por autobús para compensar los costes extraordinarios que la subida del precio del combustible ha originado en estos contratos, aplicable tanto aquéllos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar o transporte sanitario.
De este modo se habilitaría a las Comunidades Autónomas para que pudieran revisar las tarifas de todos los contratos públicos de transporte en autobús, medida impuesta por la realidad de un constante incremento de costes fruto de la situación económica general, sin que hasta el momento se haya llevado a cabo esta habilitación.
Otro tanto sucede con los contratos de transporte escolar que presentan un daño adicional derivado de la necesidad de renovar las flotas al alcanzar los vehículos la edad máxima permitida para este tipo de actividad, dándose el caso de que en alguna comunidad autónoma se ha tomado la iniciativa de autorizar la actualización de los precios viéndose frenada por el Gobierno entendiendo que las Comunidades no tienen capacidad para adoptar este tipo de decisiones.
