¿No debería ser merecedora de un debate en profundidad la ley de Movilidad Sostenible, dado el enorme impacto que tiene en la vida de los ciudadanos, en la salud pública y en el medio ambiente? ¿Es posible que un proyecto de ley tan necesario pase desapercibido por el Congreso de los Diputados? Actualmente, el sector del transporte-movilidad es uno de los principales responsables de la mala calidad del aire que respiramos desde el punto de vista de la salud. El proyecto de ley, que ha empezado a tramitarse en el Congreso, tiene grandes carencias, pero sin duda puede y debería ser mejorado por medio del debate parlamentario. Según el informe "La calidad del aire en Europa 2022" de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), más de 300.000 muertes prematuras en Europa y alrededor de 20.000 en España son causadas por la contaminación atmosférica cada año, además de generar costos significativos en el ámbito sanitario. Los cuatro pilares El nuevo marco regulatorio para el transporte y la movilidad en nuestro país se sustenta en cuatro pilares: Un derecho social: por primera vez, la ley reconocerá la movilidad como un derecho de toda la ciudadanía y un elemento de cohesión social que contribuye a la consecución del Estado del Bienestar. La movilidad deberá ser accesible e inclusiva y ofrecer soluciones para todas las personas de tal manera que las administraciones deberán trabajar de forma coordinada para garantizar este derecho, con especial énfasis en las necesidades de movilidad cotidiana de toda la ciudadanía, incluyendo el ámbito rural. También se pone de manifiesto la importancia estratégica del transporte de mercancías, como sustento de la actividad económica del país. Limpia y sana: el transporte es responsable del 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, por lo que urge avanzar en la descarbonización del sector para cumplir con los compromisos internacionales y contribuir a mejorar la calidad del aire. Un sistema digital e innovador: la ley incluye la creación del Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM), donde empresas de transporte, gestores de infraestructuras y administraciones compartirán sus datos, lo que permitirá optimizar la toma de decisiones de todos los actores a la hora de planificar la ejecución de nuevas infraestructuras y la puesta en marcha de nuevos servicios. Invertir mejor al servicio de la ciudadanía: el cuarto pilar de la Ley apuesta por mejorar la calidad de las decisiones de inversión y gasto en transporte y movilidad, así como por incluir nuevas herramientas que permitan una mayor participación pública. La Ley recoge gran parte de las recomendaciones de la AIReF y otros organismos, estableciendo análisis ex ante y ex post que garanticen la rentabilidad socioambiental de todas las actuaciones, y mecanismos para reforzar la transparencia y rendición de cuentas.
