En una nota de prensa emitida por la Federación, que pertenece a CETM, Hernán añade que "no sabemos cómo va a acabar la crisis ni cuánto tiempo va a prolongarse, pero según auguran los expertos, parece que tardaremos no meses, sino años, en superarla. Por nuestro bien, esperemos que sea antes de los seis años pronosticados por el Nobel de Economía, Paul Krugman".
Ante esta situación, el presidente de Fedem entiende que "el Sector del transporte por carretera, y en particular el de las mudanzas, atraviesa en la actualidad una de las peores crisis de su historia que está provocando el despido de miles de trabajadores y el cierre de numerosas empresas.
Si antes de la crisis ya había empresas de mudanzas que utilizaban trabajadores sin contrato y sin alta en la Seguridad Social para ahorrar como mínimo un 32% de los costes salariales, ahora este número se ha triplicado, al verse las empresas empujadas por las asfixiantes circunstancias. A numerosas empresas del sector les compensa actuar al margen de la ley, arriesgándose a las posibles multas de una imperceptible inspección de trabajo o de una inexistente inspección de transportes en los cascos urbanos", declara Roberto Hernán.
A todo ello, el presidente entiende que "se suma la caída de la demanda: no hay mudanzas porque no se venden pisos, y no hay traslado de empresas por falta de liquidez, ¡y para colmo los sindicatos exigen subidas salariales de al menos el 2%! El resultado es la ruina total y absoluta de las empresas de mudanzas".
Denuncia
Sin embargo, el motivo principal de la misiva de Hernán es denunciar otro asunto: "Hace poco leíamos en la prensa que la Administración pública debe 12.300 millones de euros a las empresas y que tarda más de seis meses en saldar sus deudas, a pesar de que legisla para reducir el índice de morosidad en el sector privado. Es decir, que numerosos empresarios de mudanzas se encuentran al borde de la suspensión de pagos porque el ayuntamiento o administración que corresponda no les paga las facturas que le han girado hace meses. Si la situación se mantiene, en breve leeremos que numerosas empresas de este sector cierran, dejando a sus trabajadores en la calle y a sus proveedores sin cobrar, ya que los organismos públicos para los que trabajan les adeudan miles de euros desde hace meses, sin que haya previsiones de que se los vayan a pagar. Con este elevado índice de morosidad no parece que el Gobierno quiera combatir la crisis".
