Su establecimiento ayudará a equilibrar la carga de los diferentes modos de transporte de mercancías, contribuyendo así a disminuir los niveles de congestión en las carreteras, el consumo energético total y las emisiones de gases de efecto invernadero.
En la cumbre celebrada el pasado 28 de abril, ambos Estados han procedido a la firma de los Convenios de Explotación con cada una de las sociedades que se encargarán de poner en marcha y explotar los citados servicios. Éstas sociedades son:
- Autopista del Mar Atlántica, SL: Ha sido seleccionada para la puesta en marcha y explotación del servicio entre el puerto español de Vigo y el puerto francés de Nantes-Saint Nazaire y entre Algeciras y Vigo y el puerto de Le Havre.
- GLD Atlantique: Seleccionada para la puesta en marcha y explotación del servicio entre el puerto español de Gijón y el puerto de Nantes-Saint Nazaire.
Antecedentes
El 3 de julio de 2006 entró en vigor el Acuerdo Internacional entre el Reino de España y la República de Francia por el que ambos países se comprometían a la constitución de una Comisión Intergubernamental competente para la elaboración de una propuesta de selección de proyectos de Autopistas del Mar que conectasen entre sí puertos de los dos Estados.
Una vez constituida, el 11 de abril de 2007 la Comisión Intergubernamental acordó la convocatoria de un concurso para esa selección, convocatoria que fue publicada en los boletines oficiales de ambos países el día 17 de ese mismo mes.
Concluida la tramitación del concurso, el 30 de enero de 2009 la Comisión Intergubernamental propuso a los Estados la selección de dos proyectos de Autopistas del Mar, que son los que hoy han adquirido carta de naturaleza con la firma de los convenios entre España y Francia y las Sociedades Explotadoras que los propusieron.
Para acompañar la puesta en marcha, explotación y el aumento de estos servicios, los ministros del ramo acordaron en enero la necesidad de otorgar a cada uno de los proyectos una subvención de hasta 30 millones de euros, repartidos en razón de 15 millones de euros por Estado.
