Sin embargo, la CNC es consciente de que "las presiones que existirán en esta materia para mantener situaciones de privilegio en determinados casos serán muy fuertes", por lo que considera preciso mantener "una postura firme y explicar claramente los beneficios que una correcta aplicación de la Directiva de Servicios reportarán al que debe ser su principal beneficiario: los millones de consumidores".
A la CNC le preocupa que ya se puedan observar los efectos de "algunas iniciativas para no alterar, o no hacerlo en exceso, la situación vigente", de tal forma que, respecto al Anteproyecto que ahora se hace público, el Proyecto de Ley finalmente aprobado por el Gobierno "se ha visto modificado en algunos aspectos, reduciendo su alcance o su grado de ambición respecto a la versión inicialmente prevista".
Como ejemplo de esta posible regresión con respecto a los objetivos iniciales mucho más ambiciosos, la CNC destaca el paso atrás que ha supuesto el Proyecto de Ley aprobado en materia de colegios profesionales. "Es muy significativo que, en materia de colegiación obligatoria no se hayan determinado de manera tasada los supuestos en los que ésta procede, dejando la puerta abierta a la consolidación del actual marco regulador de colegios, tanto en el plano estatal como en el autonómico", reflexionan desde la CNC.
En el Proyecto no se ha aceptado la observación de la Comisión en el sentido de que se derogaran explícitamente las normas colegiales relacionadas con visados, publicidad, incompatibilidades, restricciones territoriales, obligaciones de ejercicio en exclusiva y baremos de honorarios.
Modificaciones paralelas
Finalmente, la CNC señala que "los avances en la Directiva de Servicios se pueden ver truncados por otras modificaciones legales paralelas". Este parece ser el caso de la regulación de la incompatibilidad entre procuradores y abogados. Así, en aplicación de la Directiva de Servicios, el Proyecto Ómnibus establece que las incompatibilidades solo pueden establecerse por norma de rango de ley; puesto que la incompatibilidad entre procuradores y abogados se establece en un reglamento, debía entenderse automáticamente derogada. Sin embargo, lo que parece que sucederá es que esa incompatibilidad se establecerá por ley a través de una enmienda en el Proyecto de ley de nueva oficina judicial en tramitación parlamentaria.
La futura Ley Ómnibus, segunda pieza del proceso de transposición de la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español, inicia la adaptación del marco normativo sectorial actualmente vigente, cuya finalización está prevista para finales de este año, y sirve como complemento a la futura Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Paraguas), así como al proceso de revisión de la normativa reglamentaria en materia de servicios y al que se lleva a cabo por parte de las Comunidades Autónomas en relación con su propia normativa.
