Esta decisión complementa los acuerdos adoptados el pasado día 5 de mayo entre las principales organizaciones de autónomos y el Gobierno, por el cual se establecía el compromiso de trasladar a la legislación española la directiva europea para reducir la morosidad en el conjunto de los países miembros.
En la actualidad las operaciones comerciales, en las que las pequeñas empresas y autónomos venden bienes o realizan servicios para grandes empresas o centros de distribución, están conociendo una fuerte morosidad, que llega hasta periodos superiores a cien o ciento cincuenta días, en especial en el sector alimentario o en la construcción. Por otra parte, las Administraciones Publicas, particularmente la local, están retrasando gravemente el pago de las certificaciones.
UPTA considera conveniente que el nuevo texto legal refuerce el plazo máximo de pago de sesenta días en operaciones comerciales y de treinta días con las Administraciones Públicas, limitando la capacidad de las partes para pactar plazos diferentes sólo en supuestos muy especiales, ya que es la parte más fuerte la que tiene más posibilidades de condicionar estos pactos ‘relativamente voluntarios’ en algunos casos.
