Esta Proposición de Ley, que se ha presentado esta mañana en rueda de prensa en el Congreso, prevé nuevos impuestos sobre la energía nuclear, el vertido y la incineración de residuos y las bolsas de plástico. Estos impuestos se suman a modificaciones que se introducen en los ya existentes sobre hidrocarburos, matriculación, impuesto de sociedades, IRPF e IVA. Por lo que respecta a las haciendas locales, se modifican las tasas de residuos, el impuesto de circulación, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras y el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). El objetivo fundamental y prioritario de la propuesta es modificar comportamientos de los ciudadanos y las empresas en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros de menor impacto y más eficientes energéticamente, junto con la promoción de sistemas de transporte y usos del suelo "más sostenibles" con transporte público y vehículos menos contaminantes, rehabilitación, agricultura más sostenible, energías renovables e inversiones ambientales. Por ejemplo, en el IAE se eliminaría la bonificación que tienen las empresas alejadas del casco urbano, que actualmente carece de sentido, y se bonificaría a empresas con transporte colectivo o plan de movilidad, o con sistema de gestión ambiental EMAS.
