Siegfried Wolf matizó en rueda de prensa que de los 10.500 empleos a recortar, unos 4.500 corresponderán a la red de Alemania. Ampliando los datos, Opel y Vauxhall emplean en Europa casi 50.000 personas, la mitad de las cuales desarrollan su labor en las cuatro factorías que se ubican en Alemania.
Sólo en la de Rüsselsheim, que también es la central europea de Opel, trabajan 18.500 personas, incluido los 7.000 empleados del Centro Internacional de Desarrollo (ITEZ, por sus siglas en alemán), aunque el vicepresidente recalcó que este Centro no se verá alterado en su plantilla. Por contra, la planta belga de Antwerpern será cerrada.
"Nuestros planes, en lo que a puestos de trabajo e inversiones se refiere, no ha sido modificado desde el pasado 31 de mayo", dijo Wolf, añadiendo que "aquel que hable de mejoras es porque no ha leído los documentos presentados en su día o porque no dice la verdad". Wolf reiteró que Magna se propone hacer de Opel una empresa rentable para 2015.
Reacción comunitaria
Una vez conocidos estos planes, se imponía conocer la reacción de la comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, quien advirtió que la actual situación de la industria del motor hace que cualquier plan de reestructuración de Opel implique la pérdida de empleos y el cierre de plantas. "Todos los planes para salvar Opel/Vauxhall presentados por distintos inversores potenciales han previsto tanto cierres de factorías como recortes de empleos", subrayó ante el Parlamento Europeo (PE).
La comisaria insistió en que "una reestructuración seria es el único modo de asegurar empleos estables para el futuro. La Comisión no puede ni debe tratar de dictar dónde deben producirse esos recortes, ni debe intentar evitarlos", dejando claro que Bruselas seguirá de cerca el proceso para asegurar que toda decisión se basa en criterios comerciales y no en políticas proteccionistas.
Por su parte, la eurodiputada española Verónica Lope (PP) señaló que plantas como la de Figueruelas (Zaragoza) —donde se prevé un recorte de la producción— figuran entre las más productivas e insistió en que todas las decisiones deben estar basadas en criterios económicos. La socialista Inés Ayala criticó la "dejación de responsabilidades" de la CE y llamó a Bruselas a retomar el liderazgo de las negociaciones para lograr una solución europea a la crisis de Opel, mientras que en nombre del PNV, Izaskun Bilbao pidió "transparencia total y absoluta" en todas las gestiones y abogó por aplicar políticas innovadoras desde el punto de vista social, que garanticen protección de los trabajadores y formación para regresar al mercado laboral.
