La Fiscalía pone de manifiesto esta situación en la Memoria correspondiente a 2008, en el apartado en el que hace referencia a los delitos contra la seguridad vial, y que se ha conocido el pasado lunes 21 de septiembre con ocasión del acto de apertura del Año Judicial.
Al fiscal coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, le preocupa especialmente el porcentaje de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad pendientes de cumplir, que ronda el 80%, y cifra en más de 50.000 las que esperan ser ejecutadas.
El número de plazas ofertadas a principios de este año por Instituciones Penitenciarias ascendía a 11.404, más otras 3.600 en Cataluña, lo que "se revela como insuficiente para cubrir las necesidades existentes". Los datos lo evidencian: en 2008, y en el territorio competencia de Prisiones, se dictaron 33.184 sentencias por delitos de tráfico de las que 30.417 llevaban aparejado condena a trabajos comunitarios.
Vargas propone que en estos momentos de crisis los condenados a estas penas realicen prestaciones sociales en favor de los parados y de personas que atraviesen una difícil situación económica. En cuanto a las penas privativas de libertad por delitos de tráfico, el pasado mes de enero había en prisión preventiva 64 personas y otras 395 ya cumplían condena, el 87% por conducción temeraria con resultado de muerte o lesiones graves.
Los juicios rápidos por delitos de tráfico se han incrementado en 2008 de forma relevante y han llegado a superar el 40% de todos los incoados. Los procedimientos penales por delitos de tráfico (87.755) se han duplicado y el mayor número está generado por conducir bajo los efectos del alcohol (53.750) y circular sin permiso (29.548). Los delitos por velocidad excesiva se han cifrado en 789.
Manipulación tacógrafos
La Fiscalía plantea propuestas como la posibilidad de penalizar la manipulación de los tacógrafos, que registran los kilómetros recorridos y los tiempos de actividad y descanso, y está elaborando un protocolo para investigar la explotación en los viajes laborales, que podrían constituir delitos de homicidio imprudente o lesiones.
También aboga por un nuevo sistema de examen de conducir que garantice que los conductores cuenten con los conocimientos suficientes para ponerse al volante y pide que se eleven el número de clases y de horas prácticas. En relación con la formación, la Fiscalía vería también con buenos ojos que los extranjeros residentes en España que han podido canjear el carné se sometieran a alguna modalidad de reciclaje antes de incorporarse al tráfico viario.
