En 2008, la Comunidad Autónoma española de Castilla La Mancha adjudicó varios contratos para la prestación de servicios de autobús escolar de una manera que no era compatible con las normas de contratación pública de la UE. En primer lugar, los contratos no se publicaron en el Diario Oficial de la UE, por lo que pudo haberse negado la posibilidad de hacer una oferta a proveedores de servicios de autobús de toda la UE. En segundo lugar, el plazo para la presentación de ofertas fue de sólo ocho días, mientras que, de acuerdo con las normas de la UE, el periodo exigido es generalmente de 52 días y en ningún modo puede ser inferior a 15 días si la entidad adjudicadora ha decidido utilizar un procedimiento abierto a todos los licitadores potenciales. Además, los licitadores que presentaban un certificado de calidad expedido por la ISO (Organización Internacional de Normalización) tenían preferencia sobre los licitadores que deseaban demostrar una garantía de calidad equivalente mediante la presentación de otros documentos (por ejemplo, un plan general de calidad de su empresa). Por último, España ha dado preferencia a determinados proveedores de servicios de autobuses regulares, en contra del principio de igualdad de trato.
Habida cuenta de estas circunstancias, las citadas infracciones de las normas de contratación pública de la UE tienen como consecuencia que a los licitadores que ofrecen la mejor relación calidad-precio puede serles denegado el acceso a esos contratos públicos. Por esta razón, la Comisión ha decidido enviar a España un dictamen motivado.
Procedimientos de infracción
Desde el departamento de comunicación de la Comisión Europea recuerdan que este órgano comunitario tiene competencia para emprender actuaciones judiciales —conocidas como procedimientos de infracción— contra un Estado miembro que no respete sus obligaciones en virtud de la normativa de la UE. Los procedimientos de infracción constan de tres fases. En la primera fase, el Estado miembro recibe una carta de emplazamiento y dispone de dos meses para responder. En caso de que el Estado miembro no cumpla enteramente la normativa de la UE, la Comisión puede enviar un dictamen motivado. El Estado miembro dispone entonces de otros dos meses para responder. Si no se recibe una respuesta satisfactoria, la Comisión puede remitir el asunto al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. También puede solicitar que el Tribunal imponga una multa al país en cuestión si éste no cumple la resolución del Tribunal.
