A pesar de los antecedentes, y de lo que pueda deparar la reunión de hoy, las patronales desean precisar que nunca convocaron una "huelga claramente ilegal", como manifestó Riopedre, ya que es la Consejería la que con su incumplimiento llevó a las empresas a una situación límite que imposibilitaba seguir realizando los servicios. La suspensión únicamente afectaba a los servicios contratados con la Administración, que no deja de ser un cliente más, teniendo previsto realizar con normalidad el resto de los servicios de transporte". Además, entienden que o puede calificarse como "chantaje" la postura de la patronal, "cuando en realidad lo único que se pretende y se exige es que la Consejería cumpla el acuerdo alcanzado en verano de 2008. Si este acuerdo se hubiera cumplido en plazo, nunca se habría llegado a la situación actual", indican desde las patronales. El paro queda pues a expensas de los acuerdos que hoy se logren alcanzar.
